La proposición no de Ley aprobada por PP y Vox para que los menores puedan volver a asistir a las corridas de toros en Baleares vulnera la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en noviembre de 1989. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España que «no comparte la modificación realizada por el Parlament de les Illes Balears y trabaja para alinear el conjunto de políticas públicas, poniendo en el centro el interés superior del menor».
El Gobierno central se posiciona después de que Vicenç Vidal, diputado por la coalición Sumar-Més, preguntara el pasado mes de octubre en el Congreso de los Diputados si el ejecutivo tiene pensado recurrir el cambio normativo acordado por la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament Balear. Los recursos de anticonstitucionalidad se han utilizado varias veces en el pasado para vetar leyes autonómicas.
La proposición aprobada el 29 de octubre por PP y Vox modifica el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Baleares, conocida popularmente como la ‘ley balear de toros’. Lo que hace es suprimir el primer inciso del párrafo aprobado por el Pacte de Progreso que prohibía expresamente el acceso de los menores de edad a las corridas, aunque mantiene la obligación de advertir que el espectáculo «puede herir la sensibilidad de los espectadores y espectadoras».
Cristina Gil (PP) y Sergio Rodríguez (Vox) defendieron el cambio normativo en el Parlament alegando a los «valores culturales de la tauromaquia» y a la «libertad de los menores». Rodríguez llegó a decir que «si se permite cambiar de sexo o abortar a los menores también se les debe permitir ir a los toros».
El Gobierno central es tajante en este asunto. El Ministerio de Juventud e Infancia considera que eliminar la prohibición de acceso a los menores «vulneraría los derechos de los niños y niñas recogidos en los tratados internacionales suscritos por el reino de España y, por ende, lo previsto en el artículo 34.4 de la Constitución Española». Advierte además de que esta medida «vulneraría lo previsto en el artículo 20.4 de la Constitución, en tanto la protección de la juventud y de la infancia limita los derechos contemplados en el apartado 1 de dicho precepto».
Avisa de que «la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Reino de España el 30 de noviembre de 1990, reconoce en su artículo 2.1. que los Estados partes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la convención».
Esta convención dispone, entre otras cuestiones, la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas «apropiadas y eficaces» para «proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental, así como abolir las prácticas tradicionales que sean «perjudiciales» para la salud de los niños.
Los observadores del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados, ya han advertido al Gobierno de España que «prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».
El cambio normativo en la ley balear de toros entró en vigor el pasado 15 de noviembre, fecha en la que salió publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Esta modificación legislativa fue una de las exigencias de Vox al PP para abstenerse en la investidura de Marga Prohens y permitir así su elección como presidenta de Baleares.
Fuentes de Presidència del Govern han afirmado este miércoles que hasta la fecha no se les ha notificado la presentación de ningún recurso de inconstitucionalidad si bien es cierto que el Gobierno central tiene tres meses para hacerlo desde la aprobación de la norma.