La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este martes en el Parlament las medidas contra la okupación ilegal y ha asegurado: «Un solo caso de okupación es uno de más de lo que podemos aceptar». Prohens ha respondido así a una pregunta, en el turno de control al Gvoern del pleno del Parlament, de la diputada de Podemos Cristina Gómez sobre si conoce los datos de okpuación en Baleares en lo que va de año.
La presidenta ha asegurado que en 2023 hubo 407 denuncias por infracciones penales por violación de domicilio o usurpación y ha añadido que «hay centenares de casos fuera de la estadística porque no se denuncian». Ha precisado que aunque Baleares es la décima comunidad en cifras absolutas de casos de ocukpación, es la segunda en tasa con 6,5 por cada 10.000, «por encima de Madrid, Murcia o Valencia y solo por debajo de Cataluña».
La diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha dicho que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en lo que va de este año los expedientes de okupación genérica han sido 277 en Baleares, un 4,1 % menos; y según los informes de Fiscalía, los correspondientes a okupación ilegal no alcanzarían ni un caso naual. Gómez ha criticado que si ya consideró «descabellado» destinar 1 millones de euros en 2024 contra la okupación, destinar en 2025 240.000 «tampoco tiene ningún sentido».
«Aparte de pagar un peaje a su socio, son los de la propaganda del miedo y de paso ponen en marcha la máquina registradora de empresas de seguridad y desokupación, que venden alarmas y van coaccionando a gente empobrecida», ha acusado Gómez a PP y Vox.
Prohens ha respondido que los okupas hacen daño a pensionistas y trabajadores y ha reprochado a Gómez que no «se ponga roja» por ir al Parlament «a defender un delito y a delincuentes». La presidenta ha asegurado que «la propiedad privada se defiende y la delincuencia se persigue», y ha anunciado que la futura ley de vivienda de Baleares considerará infracción muy grave la okupación, impidiendo a los okupas acceder a ayudas públicas. Prohens ha reclamado al Gobierno central normas contundentes contra la okupación.