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El Gobierno responde a PP y Vox: sólo el Ministerio Fiscal puede ordenar pruebas de determinación de edad

Alfonso Rodríguez Badal reclama a ambas formaciones «que se deje de utilizar a los menores no acompañados para justificar apoyos políticos a los presupuestos» tras las exigencias del partido de ultraderecha al Govern

Varios inmigrantes llegados en patera a Baleares, al pisar tierra en el Dique del Oeste de Palma. | Miquel Àngel Cañellas

| Palma |

La Delegación del Gobierno en Baleares ha salido al paso de inmediato ante las exigencias que plantea Vox en sus negociaciones con el PP para dar el visto bueno a los Presupuestos que debe manejar el Govern para 2025. Y es que el Ejecutivo ha aceptado la propuesta de Vox para que se realicen pruebas médicas, concretamente «análisis dentales» para determinar la edad de los migrantes menores que llegan a las islas. Así lo han confirmado a Última Hora fuentes del Ejecutivo después de que la portavoz de la formación ultraconservadora, Manuela Cañadas, planteara esa iniciativa y el portavoz parlamentario de los populares, Sebastiá Sagreras, afirmara que la estudiaría.

De inmediato, desde la Delegación del Gobierno en Baleares han recordado que la aplicación de las técnicas médicas para determinar la minoría de edad de una persona migrante es un procedimiento que depende de la instrucción del Ministerio Fiscal, reservándose de manera única y exclusiva para los casos en los que se considere que es necesario certificar este dato y no existra otra vía documental para poder hacerlo.

De la misma manera, se recuerda que el protocolo contempla pruebas mínimamente invasivas y proporcionadas, que deberán respetar la integridad de la persona, como establece la normativa en materia de protección jurídica de los menores y, en ningún caso, se podrá imponer o exigir la realización de esas pruebas en contra de la voluntad del menor.

Por ello, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, la pedido a PP y Vox «que deben de utilizar a los menores no acompañados para asegurar o justificar apoyos políticos a los presupuestos; situar a estas personas en el centro del debate político pone en riesgo su dignidad, más aún cuando se trata de personas con un perfil social vulnerable que requieren de políticas y actuaciones solidarias por parte de los poderes públicos». Además, recalcó que el objetivo y la misión principal de las instituciones responsables de la tutela de estos menores no es otra que asegurar la protección de este colectivo vulnerable, cumpliendo con las competencias que le han sido asignadas.

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