Muchos se han quedado con la boca abierta mientras le escuchaban. Ricardo Bravo, ponente en las jornadas de vivienda 'Som el canvi de tots' que se han llevado a cabo en Palma, no sólo es una víctima de «la okupación criminal», como él mismo define; sino que plantea una reflexión necesaria que está afectando por igual, tanto a los propietarios de viviendas 'okupadas' ilegalmente, como a las familias vulnerables que realmente han entrado en una casa por la imposibilidad de acceso que plantea el mercado inmobiliario actual. El conflicto de la 'okupación' es tan complejo que escuchar testimonios como el de Ricardo, arroja luz y abre una vía sobre la que trabajar.
¿Hay o no hay un problema con la 'okupación'?
— Mira, yo no quiero ni sobrevalorar el problema ni tampoco infravalorarlo, que es lo que está pasando últimamente. Cada vez que los afectados intentamos acceder a un cargo político del Gobierno nos contraponen cifras, nos colocan en la sección bulos, en la de alarma social, nos llaman 'asustaviejas'; y todo eso lo único que provoca es que se aparte la atención sobre los afectados por la okupación.
¿Qué necesitan los afectados?
— He venido a reclamar sus derechos, los afectados necesitamos que nos escuchen, que nos pongan medidas para que no vivamos lo que estamos sufriendo. Hay una legislación que se puede articular y que puede continuar protegiendo a las familias vulnerables y, a la vez, a los afectados por la 'okupación'.
Tu testimonio personal parece ficción pero es una realidad...
— Me compré una casa en 2010, los efectos de la crisis llevó a muchas promotoras a la bancarrota y en 2012 mi edificio se quedó vacío; por lo que el banco asumió la propiedad. Los pisos estaban vacíos y empezaron a llegar los primeros 'okupas'; en cuestión de un año, se llenó el edificio de una mafia criminal. No daba crédito a lo que estaba pasando, yo solo en mitad de un edificio 'okupado' utilizado para llevar a cabo prácticas ilegales e ilícitas, amparándose en la inviolabilidad del domicilio.
¿Cómo era la convivencia?
— Allí hubo de todo. Narcopisos y hasta un prostíbulo. Peleas. A uno le arrancaron media oreja dentro del portal, puños americanos y disparos. ¡Disparos! ¡Regularmente! ¡Dentro de mi propio edificio! Yo no sabía donde acudir. Fui a las asociaciones de vecinos, el Senado, el Congreso, el Defensor del Pueblo y nadie me ha podido ayudar.
¿Hecha la ley, hecha la trampa?
— Con la crisis, surgió la conciencia social de evitar los desahucios, hipotecarios en este caso, pero la condición de familia vulnerable no impide que puedas estar llevando a cabo actividades ilícitas y claro, el desahucio se paraliza totalmente. Hay que trabajar las leyes que hay, no podemos seguir funcionando con las mismas porque están amparando a quien se está aprovechando del sistema y desampara a quien cumple con sus responsabilidades.
¿Has iniciado tu intervención de este sábado con una barra de pan, a qué te referías?
— Hay que tener claros los conceptos. Esta idea de que bajas a comprar el pan y te ocupan la casa, no existe. Estaríamos hablando de allanamiento de morada y eso se soluciona inmediatamente. El problema es que, los datos de afectados por la ocupación que publica el Ministerio del Interior, esos 15289 casos, son muchos más pero no todas las familias denuncian. Saben que el sistema judicial no funciona y que pueden tardar entre dos y cinco años en solucionarlo, por lo que buscan fórmulas extrajudiciales. Por otra parte, tampoco constamos los que, como yo, estamos obligados a convivir entre mafias 'okupas' que saben que obtienen ganancias al abrir pisos de bancos porque la ley acabará protegiendo a la familia que se instale dentro.
¿Qué es entonces la 'inquiokupación'?
— La nueva forma de ocupación. Los allanamientos son ya totalmente residuales. Las mafias okupas monopolizan esta nueva forma. Entran con un contrato y como saben que hay una ley que ampara a las familias vulnerables, sólo tienen que encontrar la forma de declararse vulnerables. Y entonces ya no les pueden echar. Dejan de pagar y el propietario, que no es un gran tenedor sino una familia trabajadora que cuenta con una segunda vivienda, no puede desahuciarles y acaban hasta pagando los suministros. La 'inquiokupación' es un impago voluntario, intencionado.
¿Hay casos en Baleares?
— Está ocurriendo, sí. Es un problema que afecta a todo el país. No es una cosa puntual de las grandes ciudades. En las islas también se le suma la 'okupación' específica de segundas residencias de ciudadanos extranjeros, muy típico de lugares turísticos como Canarias o Málaga.