Continúa la polémica en torno al centro de menores de Esporles. El Consell de Mallorca, a través de la Agencia de Disciplina Urbanística, ha abierto expediente a la Fundación SAMU por una presunta actividad no permitida en suelo rústico, empresa que gestiona un chalet en la urbanización de Ses Rotgetes de esta localidad, en la que residen un grupo de menores argelinos tutelados por el Consell de Formentera.

Técnicos del departamento de Disciplina Urbanística del Consell insular, acompañados por agentes de la Policía Local de Esporles, acudieron esta semana al centro de menores respondiendo a dos denuncias, una presentada por vecinos de la localidad y otra del Consistorio esporlerí. Allí se entrevistaron con personal de la Fundación SAMU, comprobaron que vivían 18 jóvenes, y no ocho, como se venía diciendo hasta ahora; la instalación carece de licencia de actividad y está ubicada en una vivienda unifamiliar construida en suelo rústico.

La empresa tiene ahora tiempo para presentar un recurso administrativo al Consell y, si lo rechazan, pueden acudir a los tribunales. Por el momento podrán seguir operando, a no ser que decidan voluntariamente cerrar el centro de menores.

Malestar vecinal

Hay que recordar que estos menores alojados por el momento en Esporles vienen de Formentera, donde llegaron en patera. Sin embargo, en mayo tuvieron que ser trasladados a Mallorca por falta de espacios residenciales y de atención en la Pitiusa menor y es el Consell de Formentera el que se hace cargo de estos adolescentes, con un coste de 214 euros diarios cada uno de ello. Durante el mes de septiembre vecinos de la urbanización, en la que viven cerca de 800 personas, mantuvieron varias reuniones con miembros de la corporación municipal y la fundación SAMU, encargada del centro, para poner sobre la mesa los problemas que estaban sufriendo desde la llegada de estos jóvenes.

Aseguraban que «habían vivido un verano de pesadilla» y soportaban fiestas, partidos de fútbol y carreras a diario y hasta altas horas de la noche. Además, pusieron sobre la mesa sus dudas sobre que se hubiera permitido abrir esta instalación en suelo rústico sin tener licencia para ello y que se mantenga su actividad a pesar de las molestias que estaba causando.

Poco después, el pleno municipal aprobó una moción del partido de gobierno (Pas Més) en la que se instaba a la población en general y las administraciones en particular a no estigmatizar ni criminalizar a este colectivo además de exigir que se aseguren las condiciones de esta edificio. En este sentido, los vecinos de Ses Rotgetes llevan días haciendo hincapié en que su denuncia no tiene nada que ver con racismo ni xenofobia: «No nos importa convivir con un centro de menores, si hasta hace unos meses este mismo chalet se utilizaba para el alquiler vacacional sin licencia y soportábamos fiestas cada noche. Esa actividad también fue denunciada. Solo pedimos civismo».