Catalina Pomar, de 67 años, y su hijo Raúl Capó, que tiene un 50 % de discapacidad, este miércoles iban a ser desahuciados de su casa en Camp Redó, pero la presión mediática y un acuerdo in extremis con el IBAVI les permitió empezar de cero en una vivienda social en el que pudieron instalarse la semana pasada. «Si hubiera sido por su abogado de oficio, se hubieran quedado en la calle», asegura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, que ha mediado con el Govern para darles una solución habitacional.
«El abogado no avisó a la familia de que les aplazaban el desahucio, se enteró antes por la prensa, que ha sido clave en todo esto; es una vergüenza tener que lidiar con personas así, que supuestamente deben velar por los más vulnerables», insiste la veterana activista, que valora positivamente la respuesta de la Conselleria d’Habitatge. «Me encontré con la presidenta Marga Prohens y le recordé que la ley balear de vivienda incluye un artículo que habla de que la gente vulnerable, como Catalina, tienen derecho a una vivienda», explica Pons, y celebra que a la mañana siguiente representantes del IBAVI contactaran con la plataforma para pactar una alternativa que evitara que la familia quedase en la calle.
Desde el organismo público explican que se ha dado esta «solución excepcional» debido a la «urgencia del caso». El piso fue entregado a finales de la semana pasada y está en un barrio del extrarradio de Palma. «Esto les ayuda muchísimo, en todos los sentidos; sin la intervención de la PAH y la prensa no habríamos llegado a parar el desahucio y tampoco conseguir esta segunda oportunidad», explica Daniel Capó, otro hijo de Pomar.
El aplazamiento del desahucio se produjo por la falta de presencia policial, lo cual impidió ejecutar la expulsión de Pomar y su hijo, que fueron arropados por miembros de la PAH y por numerosos periodistas que se hicieron eco del caso debido al grado de vulnerabilidad. Sin embargo, el abogado de oficio no les avisó, y tampoco presentó toda la documentación requerida por la jueza para evitar el desahucio. Tenían derecho a una moratoria hasta diciembre de 2024 si se hubiera presentado todo en regla.
El marido de Catalina Pomar falleció hace un año de cáncer, sin que el resto de la familia supiera que tenían una deuda con un usurero. La mujer, además, hace poco padeció un derrame cerebral. En 2012, el marido de Pomar se vio obligado a pedir un crédito para no perder la casa, ya que fue despedido de manera improcedente poco antes de jubilarse. Debido a que no podían recurrir a un banco por las dificultades económicas que atravesaban en aquel momento, recurrieron a un prestamista particular, cuyos intereses fueron muy elevados. Para que les prestara el dinero el marido tuvo que presentar como aval un garaje y el piso, aunque Pomar creía que la vivienda no estaba incluida en el acuerdo. En 2015, les embargaron el garaje y ella estaba convencida de que el préstamo había quedado saldado, pero este año se enteró de que también había perdido el piso, que salió a subasta y fue comprado por un fondo de inversión.