La derogación de la Ley balear de Memòria Democràtica, con los votos de Vox y del PP, supondrá de facto el desmantelamiento de la Comissió de Memòria Democràtica, encargada de velar por la retirada de toda la simbología franquista incluida en el censo autonómico. Tampoco hay garantías de que los contenidos memorialistas se mantengan en los centros escolares de Baleares y de que se garantice el acceso a los documentos referentes a la represión.
Así lo explica la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, nieta de Andreu Paris , una de las centenares de víctimas de desapariciones forzosas. Aún no se han localizado sus restos. La asociación memorialista, que agrupa a las familias y víctimas del franquismo en la comunidad autónoma, alerta del «recorte de derechos» que sufrirán los descendientes de las víctimas. «Nadie entendería que las víctimas del terrorismo perdieran derechos con cada cambio de gobierno, pero con esta derogación están quitando derechos a familias que aún siguen buscando a sus desaparecidos», dice.
«Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. No es lo mismo por ejemplo la represión franquista en Cataluña que empezó en 1939 y en la que la mayoría de represaliados fueron enjuiciados, que la comunidad autónoma de Baleares en la que la represión empezó en el año 1936 y tenemos a muchísimas víctimas de desapariciones forzadas», explica Oliver.
Para la presidenta de Memòria de Mallorca, las leyes autonómicas de Memòria «funcionan porque están desarrolladas por comisiones que cuentan con expertos locales en la materia y entidades de Memòria que trabajan día a día cuestiones que afectan a la comunidad. Desde Madrid no van a reclamar que el Fortín de Illetes se proteja y convierta en un espacio dedicado a la memoria» dice.
«¿Qué saben en Madrid de que hay una calle en Sencelles o en una ciudad de Menorca dedicada a un golpista autonómico? ¿Contemplará a las víctimas de juicios sumarísimos como Emili Darder? ¿Y la represión específica contra las mujeres? Aunque es cierto que la ley estatal avala que se expliquen en los centros escolares enseñanzas en materia de memoria democrática y de derechos humanos, lo cierto es que la Conselleria d’Educació está aquí», reflexiona Oliver.
Memòria de Mallorca muestra su indignación ante el anuncio que ha realizado el PP de que votará a favor de derogar la ley autonómica de Memòria, tal y como exigía Vox. Recuerda que la norma se aprobó en 2018 con el voto del PP después de que el resto de partidos aceptaran hasta 56 de sus enmiendas al texto. «Al PP las víctimas del franquismo le importan bien poco. La presidenta del Govern, Marga Prohens, aún no ha encontrado un hueco en su agenda para recibirnos después de 14 meses de gobierno», sentencia.
Para Oliver la memoria democrática es una «cuestión de Estado» que «debe estar por encima de los partidos políticos». «Nadie entendería que las víctimas del terrorismo perdieran derechos con cada cambio de gobierno, pero con esta derogación están quitando derechos a familias que aún siguen buscando a sus desaparecidos». Con la supresión de la Ley están derogando derechos de todos, derechos fundamentales como la retirada de la simbología franquista de los espacios públicos, que la memoria democrática figure en los currículos escolares y que se garantice el acceso a documentos referentes a la represión, además de un largo etcétera», concluye.