La Fiscalía reclama una condena de nueve años de cárcel para el expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella. El Ministerio Público le acusa de tres delitos por las dos piezas principales del ‘caso Puertos’: prevaricación, fraude a la administración y cohecho. Junto a él, Anticorrupción pide condenas para otros doce acusados más, entre ellos el exalcalde de Eivissa, Rafael Ruiz, o la jefa de la abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll. Las petición de condena para ellos es de tres o cuatro años de prisión.
La calificación de la Fiscalía sostiene que la cúpula de la entidad pública se concertó durante años para amañar dos concursos: la adjudicación del Club Náutico de Eivissa y la explotación de unos amarres en el Port de Maó. Por el primero, señala que el fraude provocó la pérdida de nueve millones de euros a la Autoritat; por el segundo, la cifra es de 160.000 euros. Sobre Eivissa, la acusación sostiene que existía una intención de beneficiar al club histórico frente a otra entidad, 12 Millas. Para ello, según la calificación del fiscal Juan Carrau, Gual y Ripoll lideraron un plan para que el concurso beneficiara al club frente a posibles empresas privadas.
El relato que el fiscal pide someter a juicio apunta además a las presiones y tensiones a dos consejeros críticos en el Consejo de Administración de la APB y al uso de las influencias que Gual tenía con Puertos del Estado y Ripoll con la Abogacía del Estado. Eso llevó a varias reuniones convulsas en el seno de la entidad y, según la acusación pública, a presiones para que los consejeros rebeldes fueran relevados de sus cargos, maniobras que afectaban a los dos concursos controvertidos. La tramitación de ambos coincidió en buena parte en el tiempo a partir de 2018, aunque la Fiscalía sitúa la génesis de ambos años antes.
El Ministerio Público formula acusación, además de Gual contra el núcleo de la APB. A Ripoll, asesora del consejo, le reclama cuatro años de cárcel. También reclama juzgar a Juan Carlos Plaza, director de la APB para quien pide una condena de cuatro años; al jefe de explotación de la entidad, Armando Parada le reclama la misma condena, igual que al jefe de área de gestión, Fernando Berenguer. Rafael Ruiz, vocal del consejo y alcalde de Eivissa, afronta una petición de tres años, al igual que el presidente del Club Náutico de Eivissa, Juan Marí Marí. Respecto a la trama de Menorca, acusa al representante de la asociación Asmen, Justo Saura Mercadal, expresidente de Pime en la Isla. Le pide una condena de tres años. Los otros cuatro acusados por esta parte de la acusación son Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons Pérez y Basilio Sastre, representantes de Marina Asmen.
Sobre la trama de Menorca, el Ministerio Público señala que, en el año 2018 se amañó el concurso para gestionar puertos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Maó y se otorgó esta a la empresa Marina Asmen. Esta entidad estaba formada por empresas de la Isla que necesitaban de los amarres para poder dar servicio a más clientes. Además del fraude en los dos concursos, la Fiscalía incluye un delito de cohecho. Ese presunto soborno tiene que ver con la trama de Eivissa. Esa adjudicación inicial había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia. El Ministerio Público sostiene que, tras esa sentencia, los responsables de la APB ofrecieron una serie de posibles contraprestaciones económicas a la empresa 12 Millas para que se apartara del procedimiento. El ‘caso Puertos’, que se tramitó durante cerca de cuatro años bajo secreto tiene media docena de causas más aún pendientes de juicio.
El apunte
Ocho piezas más pendientes de que acabe la instrucción
El ‘caso Puertos’, tramitado durante cuatro años bajo secreto de sumario suma en total nueve piezas diferentes. De ellas, la mayoría se encuentran pendientes de la fase de instrucción y aún están en fases iniciales. Dos de las piezas se archivaron antes del levantamiento. Las que quedan afectan a la contratación de un cátering que la magistrada vincula con Gual o a la contratación del marido de la jefa de la Abogacía del Estado. La tramitación se ha paralizado por una baja de la jueza.