El PP quiere que la Conselleria d’Educació, gestionada por el ‘popular’ Antoni Vera, controle el precio excesivo que algunas escoletas concertadas de Baleares establecen para sus servicios complementarios, como el comedor, el transporte escolar, el servicio médico o psicopedagógico y las horas de atención no financiadas con dinero público, conocidas popularmente como escola matinera.
Así queda reflejado en una enmienda del PP a la ley de simplificación administrativa –una ‘ley ómnibus’ que modifica decenas y decenas de normas– y que registró ayer en el Parlament con el objetivo de modificar la normativa vigente.
Desde la Conselleria, preguntados por esta cuestión de partido, evitan dar una respuesta clara, pero explican que velarán por el «buen cumplimiento» de los conciertos económicos firmados con estos centros privados que, «en casos concretos», ofertan precios que son abusivos. Muchas familias, incluso las que querían ir a escoletas públicas pero se quedaron sin plazas para sus hijos, hace tiempo que denuncian un coste muy alto.
De hecho, algunas escoletas concertadas de Baleares, que este curso se han beneficiado de las ayudas públicas del Govern para aplicar la gratuidad de la etapa escolar de 0-3 años, se han aprovechado de la situación subiendo el precio de sus servicios como, por ejemplo, la ‘escola matinera’, según avanzó este diario.
Desde Educació confirmaron que han recibido quejas al respecto, aunque aseguraron que son pocos los casos y niegan que sea un ‘modus operandi’. En esta línea, la Comissió Ética de Educació Infantil 0-3, creada recientemente, prevé supervisar la situación para evitar estos casos.
Desde la Conselleria d’Educació recuerdan que esta situación será casi imposible que se dé este curso porque la gratuidad de esta etapa se gestionará mediante conciertos educativos que implican un mayor control fiscal y transparencia del centro. Este viernes terminaba el plazo para presentar las enmiendas y tanto Podemos como Vox, últimos en hacerlo, presentaron las suyas.
Vox pone a prueba al PP
La única diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, presentó 40 enmiendas al decreto ley de simplificación administrativa, en su mayoría centradas en el suelo rústico y vivienda. La diputada indicó que el objetivo es «evitar que Prohens malvenda nuestras islas». En línea generales, están destinadas a evitar la mercantilización del suelo rústico y el fomento de la especulación de la vivienda en las islas, sobre todo en una situación de «emergencia habitacional «sin precedentes».
Las enmiendas de Vox se ocupan de diferentes cuestiones y en todas ellas apuesta por extender sus habituales propuestas que tienen que ver con lengua, educación y inmigración. Por ejemplo, en una se reclama que la población residente tenga siempre prioridad para acceder a las subvenciones, también las que tienen que ver con cuestiones sociales. El grupo de Vox, según explicaron desde la formación, aprovecha para recuperar propuestas que el PP no le aceptó en el debate de los Presupuestos. Otra de las enmiendas tiene que ver con la Función Pública. Vox quiere reformar esta ley para que el catalán no sea requisito en niningún ámbito, y no solo en el sanitario. También plantea medidas para «equiparar plenamente el castellano con el catalán» en el ámbito educativo. Vox no descarta apoyar algunas del PP pero también espera tener apoyo de este grupo. Los pactos entre ambos partidos están formalmente rotos.
El apunte
Ampliación del IES Ses Estacions
El Consell de Govern autoriza el proyecto de ampliación del IES Ses Estacions, unas obras que en julio recibieron la declaración de interés autonómico. También se ampliarán los auxiliares educativos en la concertada.