La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de poner en riesgo la construcción de 4.000 nuevas viviendas en Baleares con su decisión de presentar un aviso de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia habitacional. Madrid cuestiona que el Govern apruebe a través de un decreto ley medidas como la conversión de locales en viviendas, la posibilidad de aumentar alturas en algunas zonas de los municipios o la opción de dividir en dos viviendas de gran tamaño. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha advertido a Marga Prohens que ese no es el camino y le obliga a sentarse en una Comisión Bilateral para resolver las discrepancias.
La presidenta ha lamentado este movimiento del Gobierno y ha asegurado que este aviso supone una «amenaza» para que salgan al mercado 4.000 viviendas a precios limitados y ha opinado que el Gobierno está poniendo en dificultades a Govern. Ha acusado a Pedro Sánchez de poner «palos en las ruedas» a las soluciones que está dando su equipo para hacer frente y cambiar el rumbo «al principal problema de Baleares, que es la vivienda». Para Prohens, eso supone una «irresponsabilidad» del Gobierno.
«Defenderemos nuestras políticas donde haga falta y continuaremos trabajando por el cambio en la situación de la vivienda en Baleares», ha añadido. La presidenta ha lamentado que, tras las buenas palabras del presidente en la reunión que mantuvo Pedro Sánchez en Palma tras su audiencia con el Rey, «los hechos no se corresponden». Esta es la quinta norma del Govern de Marga Prohens cuya legalidad pone en duda el Gobierno, tras las advertencias sobre el decreto de simplificación administrativa que incluye la legalización de viviendas en suelo rústico, la supresión de la Oficina Anticorrupción, medidas fiscales para los arrendadores de larga duración y el desvío de turistas a clínicas privadas para reducir las listas de espera.
Tras el aviso de Madrid, los dos gobiernos deberán sentarse a negociar Gobierno en una Comisión Bilateral para ver si las discrepancias se pueden resolver de manera negociada o si toda la norma acaba en el Tribunal Constitucional, con la amenaza de que quede congeladas hasta que se pronuncien los tribunales. El Gobierno cree que esta nueva normativa ni puede aprobarse por una ley temporal, sino que tiene que quedar plasmada en los planeamientos urbanísticos de cada ayuntamiento, una vía que complica mucho la posibilidad de que estas viviendas salgan al mercado de forma urgente ya que la tramitación administrativa es mucho más complicada y lenta.