Nuevo contratiempo judicial para el Govern de Marga Prohens. El Gobierno ha presentado una amenaza de constitucionalidad contra el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, junto con el decreto se simplificación administrativa y la bajada de impuestos, la tercera gran medida estrella del Ejecutivo. Ha presentado un aviso de constitucionalidad contra varios aspectos de la norma que cuestionan el núcleo central del decreto y que ahora mismo ponen en jaque las 4.000 viviendas que el Govern asegura que están en proyecto gracias a la norma.
Gobierno y Govern deberán sentarse a negociar en una Comisión Bilateral para ver las discrepancias se pueden resolver de manera negociada o si toda la norma acaba en el Tribunal Constitucional, con la amenaza de que quede congeladas hasta que se pronuncien los tribunales. En esencia, el Gobierno cuestiona que las disposiciones recogidas en el decreto ley se hagan a través de una norma de vigencia temporal y las modificaciones urbanísticas no se hagan a través de una modificación de planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento, una vía que complica mucho la posibilidad de que estas viviendas salgan al mercado de forma urgente ya que la tramitación administrativa es mucho más complicada y lenta.
El Ejecutivo considera que varios disposiciones adicionales de la norma van en contra de la Constitución porque no pueden aprobase por esta vía. Se trata de las medidas que permiten la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, la que permite la división de pisos para conseguir más viviendas, la que autoriza que los ayuntamientos aprueben un cambio de uso de los terrenos que inicialmente iban destinados a equipamientos para que ahora pasen a ser de uso residencial y la que permite el incremento de alturas. Madrid insiste en que estas medidas no pueden adoptarse a través de una ley de efectos temporales.
El Gobierno también cree que no se puede aprobar por esta vía temporal y urgente el plan de cesión de suelo público a los promotores para que construyan viviendas de alquiler.La norma es voluntaria y los ayuntamientos podían adherirse de manera voluntaria. Entre otros, ya lo han hecho el de Palma, Manacor, Calvià e Inca, que suman a la mayor parte de la población de Mallorca. La duda está ahora en saber cómo quedan estas medidas si no hay acuerdo entre las administraciones.
El aviso de posible inconstitucionalidad del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se suma al aviso previo lanzado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contra el decreto de simplificación administrativa que incluye la legalización en suelo rústico. Son dos de los conflictos políticos entre el Govern y el Gobierno a los que tendrá que hacer frente el nuevo conseller de Territori, José Luis Mateo, que acaba de tomar posesión tras la dimisión de Marta Vidal. Le corresponderá a él la negociación con el Ministerio, además del vicepresident, Antoni Costa porque el decreto se simplificación es competencia de su departamento.
Las claves
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Otras cuatro normas de Prohens, también cuestionadas
El Gobierno ya ha presentado cuatro amenazas de inconstitucionalidad, incluida esta última. Las otras afectan a la Oficina Anticorrupción, ayudas fiscales a los propietarios que alquilen, la posibilidad de desviar turistas a clínicas privadas y el decreto de simplificación.
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La ley de Armengol estuvo en el punto de mira
El Gobierno de Pedro Sánchez también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda que aprobó el Govern de Francina Armengol, pero la amenaza quedó en eso porque finalmente se alcanzó un acuerdo.
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El PP introdujo enmiendas en la tramitación
El decreto de medidas urgentes en materia de vivienda entró en vigor en el momento en que lo aprobó el Govern, pero después de tramitó como ley en el Parlament y el PP introdujo numerosas enmiendas al texto.