Álvaro Artola, magistrado de la Audiencia Provincial, repasa en su nuevo libro, La armada reglamentaria de la Unión Europea cómo las distintas normas supranacionales han transformado las leyes españolas y condicionan pleitos. «Los juristas tenemos que manejar la ley interna, el Código Civil y materia autonómica y los convenios internacionales. Cada vez es más complicado y difícil estar al día y esa es la idea del libro», señala Artola.
Uno de los cambios que más han impactado en los tribunales ha sido toda la jurisprudencia europea en materia de consumo. Decenas de miles de demandas contra entidades bancarias amparadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa sobrecarga en el sistema judicial se ha dejado notar: «Hay jueces de primera instancia que están tan quemados que han cambiado de jurisdicción. Hay civilistas muy buenos que se han quemado y eso no es bueno para el sistema».
Artola reflexiona: «Nos hemos convertido en tribunales de consumo. Se ha ido blindando los derechos del consumidor y ¿qué ha pasado? Hay una litigación en masa de los consumidores que ha generado una sobrecarga de asuntos y un retraso muy grande». Pone como ejemplo que las secciones civiles de la Audiencia (él preside la tercera) han pasado de ochocientos asuntos al año a 1.200. De esa carga, la mitad son reclamaciones contra entidades financieras. «Eso retrasa mucho la salida de asuntos. Hace cuatro o cinco años tardábamos en sacar una apelación cuatro o cinco meses; ahora es más de un año».
En parte, esa conflictividad viene por los constantes recursos de las entidades. «El TJUE lo que les está diciendo a los bancos es que tienen que adoptar una posición proactiva: intentar resolver esas cuestiones sin llegar a los tribunales. Los bancos deberían aceptar la reclamación prejudicial cuando la hay e incluso anticiparse: estar en contacto con los consumidores y devolver la comisiones. Saldríamos ganando todos. El consumidor no tendría que contratar un abogado y el banco evitaría tener que pagar las costas, que son el caballo de batalla en estos procedimientos». Augura que las entidades acabarán por ceder y a admitir soluciones como arbitrar sistemas de resolución extrajudicial que faciliten los acuerdos. «Están pagando unas costas desmesuradas» al acumular decenas de miles de condenas.
Mientras esa litigiosidad se mantenga y no haya sistemas alternativos, Artola, cree que el refuerzo de los tribunales nunca será suficiente: «Estamos creando constantemente juzgados y no damos abasto o no encuentras jueces que los puedan cubrir».
Sobre el espacio europeo de Justicia y los principios de primacía y efecto directo de las normas de la UE, explica: «Me tengo que fiar de un juez italiano como el italiano se fía de un español». añade que el juez de cada país se ha convertido en «juez europeo». Pone como ejemplo una sentencia de su sección que provocó un cambio de la normativa: una mujer francesa que vivía en Sóller hizo una donación sucesoria según la norma foral balear. «El registrado no lo quiso inscribir porque no tenía vecindad civil y el reglamento interno no solucionaba el problema. Le dimos la razón y a partir de ahí cambiaron la ley y desapareció el término vecindad civil».
El apunte
Matrimonios transfronterizos, pleitos comerciales y reconocimiento mutuo
Artola explica que Balears ha sido una de las comunidades que más han teniedo que aplicar las normas europeas: «Tenemos más factores y el pleito transfronterizo es más frecuente». Ahí es donde entra a trabajar la armada normativa europea. «Qué ocurre en matrimonios en los casos de separación o divorcio. Quién es el tribunal competente. Cómo ejecutamos una condena de alimentos a un menor de un padre alemán que no paga. También lo mismo en materia comercial o laboral». Ahí es donde entran en juego trece reglamentos diferentes. «Como soy miembro de la Red Juicial Europea noto que es una materia hostil y difícil de comprender». También implica un cambio para los magistrados que tienen que aplicar primero la norma europea.