Hablar con todo el mundo. Ese es la primera misión autoimpuesta por José Luis Mateo (Palma, 1970), que solo dos semanas después del relevo a Marta Vidal, continúa tomando el pulso de una macroconselleria que debe lidiar con los dos grandes morlacos de las preocupaciones baleares: la vivienda y la movilidad.
¿Le ha dado tiempo a algo en solo dos semanas en el cargo?
Lo primero ha sido tomar contacto con la Conselleria y conocer los proyectos que tenemos entre manos. Próximamente tenemos agendadas reuniones con todos, incluido el GOB, Terraferida, sindicatos... Quiero hablar con todo el mundo.
¿Vidal le dio algún consejo?
Escuchar mucho, que es lo primero. Yo aquí vengo a aprender. Por eso insisto en que quiero hablar con todos los sectores.
Justo estos días se han producido quejas por la masificación resultante de la reducción de frecuencias en los trenes. ¿Ha habido una planificación inadecuada?
Quienes gestionamos somos también ciudadanos y los primeros interesados en que el servicio funciones perfectamente todos los días del año. Pero también es cierto que tenemos ciertas limitaciones, como en número de trenes o de maquinistas. En estos procesos es esencial contar con la demanda, y hay un periodo del año en que esta se ve sensiblemente reducida, que es el mes de agosto. Según los datos del año pasado, agosto sigue siendo el mes más tranquilo porque se da un bajón importante de usuarios. Siempre va a haber una reducción mínima atendiendo a número de máquinas, maquinistas y distribución de vacaciones.
¿La saturación en la movilidad se soluciona solo con más infraestructuras?
Es necesario pero no suficiente, porque necesitamos tocar muy diversas teclas. Hay que mejorar las infraestructuras y también los servicios públicos de transporte. En ese sentido trabajamos en líneas ferroviarias como la de Sa Pobla a Alcúdia, la de Manacor a Artà o la de Migjorn.
El Gobierno dice que la legalización de viviendas en rústico es inconstitucional. ¿Se ven rehaciéndola?
Creemos que jurídicamente está todo muy bien atado por parte de la Conselleria y de la Abogacía de la Comunidad. No tenemos excesiva preocupación y, de hecho, lo que se pone en cuestión sobre la constitucionalidad no se refiere en absoluto ni al procedimiento en sí mismo ni a la posibilidad de la legalización. Tenemos total tranquilidad. En cualquier caso, este decreto ley entrará ahora en el Parlament, por lo que quedará sujeto a posibles enmiendas. Todo es mejorable.
El Colegio de Arquitectos ya ha mostrado su rechazo a que las casas legalizadas puedan destinarse a alquiler turístico. ¿Mantienen la puerta abierta a esa posibilidad?
Ahora mismo el decreto dice que no, pero es cierto que el texto está en plena tramitación parlamentaria, por lo que todas las enmiendas, también las que se presenten en ese sentido, son debatibles.
Recetas para la crisis habitacional. ¿La prohibición de venta a no residentes o el tope a los alquileres seguirán con usted fuera de la mesa?
Van a seguir fuera porque no va en la línea marcada desde el primer día por el programa del PP y por el Govern. Buscamos sobre todo incentivar al propietario para poner su vivienda en alquiler y topar precios va contra esa política. Es una propuesta bienintencionada pero contraproducente, y lo hemos visto allí donde se ha intentado aplicar, con resultados contrarios a lo que se buscaba. La respuesta ha sido la renuncia de muchos arrendadores a alquilar su vivienda. Y sobre la venta a no residentes, estamos en la Unión Europea y en una economía de libre mercado, con libre circulación de personas y de servicios. No lo veo viable.
¿Tienen alguna idea sobre la cantidad de viviendas vacías que hay en Balears o algún proyecto en mente para determinar esa cifra?
Hablar de números gruesos es fácil; lo que va a ser siempre muy difícil es precisar esos números. Lo que intentaremos es hacer aflorar esas viviendas favoreciendo su salida al mercado y que los propietarios vean viable y seguro arrendar. Con esa idea pondremos en marcha este otoño el plan Lloguer segur.
En su presentación hizo mucho énfasis en la lucha contra los okupas.
Creemos que ante una ilegalidad como la okupación tenemos que dar una rápida respuesta para que ese okupa sea expulsado. Queremos que la ley de vivienda también prevea que el que haya okupado un inmueble no pueda recibir ninguna ayuda o prestación social ni permanecer en las listas del Ibavi, además de tener que afrontar unas multas severas.
Seguimos en el vagón de cola estatal –ya no digamos europeo– en VPO. ¿Se pone un objetivo numérico de aquí a final de legislatura?
—En el decreto ley de emergencia habitacional se habló de hacer 600 viviendas públicas, 500 de las cuales ya son proyectos del actual Govern. No queremos que exista la percepción de que la vivienda pública pierde importancia. Nos hemos encontrado con multitud de programas de promociones públicas del anterior Govern sin empezar o con graves defectos que han impedido su entrega, como ha ocurrido con el caso de la vivienda de Puigpunyent, muy ilustrativo pero solo un ejemplo: hay muchos más.
¿Las medidas paliativas contra la crisis de la vivienda tendrán efectos perceptibles por el ciudadano a corto plazo?
Sí, por ejemplo si con el Lloguer segur logramos que afloren todo ese número de viviendas que están sin alquilar. Lo que me hace ser optimista es la colaboración público-privada, y también la introducción del Observatorio de la Vivienda, en el que hasta ahora no se ha trabajado. Nos va a permitir definir la política de vivienda a 20 años vista.