El toque de corneta en la Administración balear llegó a primeros de mayo. Las crecientes quejas por la saturación vial en determinadas carreteras de las Islas fueron el detonante y la presentación del I Congreso de Turismo de la Sociedad Civil la puesta en escena del hastío ciudadano. La presidenta Marga Prohens declaró ante los medios ese mismo día (8 de mayo) que planeaba abrir «espacios de diálogo» para debatir la reformulación del modelo turístico, reconociendo que «Baleares ha llegado a su límite» y que «no se puede crecer más».
Desde entonces, las diferentes administraciones han ido anunciando o activando medidas que deben contribuir a paliar las molestias de los residentes, a la espera de que la iniciativa estrella, la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad dé sus frutos en un futuro que, ya lo han advertido, no será inmediato.
Por lo pronto, en las últimas semanas ya han empezado a andar algunos de los 12 grupos de trabajo que deben recoger el sentir y las propuestas de los diferentes sectores de la sociedad balear y de su tejido empresarial. Coordinados por diferentes directores generales, estos grupos estarán asimismo supervisados por un comité de expertos que lidera el director técnico de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera. Paralelamente se puso en funcionamiento la plataforma on-line Tu tries. Les Illes que t'estimes més, destinada a recoger las aportaciones de todos los ciudadanos.
El trabajo que se desarrolle a partir de entonces en la Mesa está enfocado a definir la estrategia de crecimiento económico que debe seguir el Archipiélago en las próximas décadas, por lo que se trata de una labor de largo recorrido cuyos resultados se harán esperar.
Mientras tanto, el Govern trabaja en un plan piloto para monitorizar mediante herramientas tecnológicas los flujos de visitas que reciben tres playas masificadas durante la temporada alta: Es Trenc, en Mallorca; Ses Salines, en Ibiza; y Cala en Turqueta, en Menorca.
Por otro lado, el Govern ha reformulado y actualizado la ley contra el turismo de excesos, rebautizada como ley de turismo responsable, introduciendo por ejemplo multas de 1.500 euros por beber alcohol en la calle en determinadas zonas.
Desde el Consell de Mallorca, a mediados de junio se anunció un plan de inspección contra el alquiler turístico ilegal que prevé más de 2.500 actuaciones en viviendas de la Isla y que se prolongará hasta el 15 de noviembre. Por lo que respecta a las actuaciones realizadas hasta ese momento, la institución insular informó de que de enero a mayo las inspecciones se habían más que duplicado con respecto al mismo periodo del año pasado (953 frente a 408). El número de expedientes de viviendas ilegales, además, aumentó un 20 %, en parte gracias a la ampliación del equipo de tramitadores (cinco más) que contribuyeron a solucionar el embudo existente en la gestión de expedientes. Como consecuencia añadida se ha logrado reducir los tiempos de espera.
Asimismo, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció que la institución reducirá su presencia en las ferias turísticas internacionales de cara al año que viene: solamente acudirá a once, lo que supone una bajada del 68 % respecto a 2019, cuando asistió a un total de 34. De hecho, este mismo año se han reducido las 29 ferias previstas a un total de 24.
Por lo que respecta al Consell de Eivissa, este elevó al Parlament la propuesta legislativa en materia de regulación de vehículos en los meses centrales de la temporada turística que ya está en fase de tramitación en el Parlament. Además, tiene en fase de participación la redacción del nuevo Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), adjudicado este año y que ha de servir para fijar el techo de plazas turísticas de la Isla.
Por su parte, el Ajuntament de Palma anunció en mayo que prohibirá la creación de nuevas plazas de alquiler turístico y que obligará a los take away a limpiar y adecentar la zona próxima a su negocio. También se modificará el Plan General para la limitación de usos en todos los locales de ocio de zonas turísticas. Se trata de medidas de aplicación inmediata que Cort complementará con sus propuestas a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, como la de ampliar las limitaciones sobre llegadas de cruceros al puerto de Palma.