La Guardia Civil ha intervenido con autorización judicial el Ayuntamiento de Ciutadella en el marco de una operación abierta que investiga la gestión de los pozos públicos y otras captaciones que abastecen de agua a la población.
Según las diversas fuentes consultadas por «Es Diari», estarían investigados responsables técnicos y políticos actuales y del pasado mandato, entre ellos el jefe de los servicios técnicos municipales, Joan Moll.
Dos inspectores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se desplazaron este martes desde la Comandancia de Palma y, vestidos de paisano, se personaron en el Ayuntamiento, donde pidieron y requisaron documentación e interrogaron a diverso personal público.
Entre otros, los agentes citaron a la alcaldesa Juana Mari Pons, quien declaró en su presencia en el propio despacho de alcaldía.
Asistidos por agentes de la Guardia Civil en Menorca, los inspectores también contactaron con la exprimera teniente de alcalde y concejala de Aguas en el mandato anterior, Noemí Camps, entonces número 1 del PSOE y actualmente desvinculada de la política.
La Guardia Civil ha requerido igualmente documentación en repetidas ocasiones a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, en concreto a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), que ha atendido la petición de los inspectores.
Denuncia de Valeriano Allés
La investigación se habría iniciado en el año 2021, bajo mandato del anterior gobierno municipal. El detonante sería la triple denuncia que interpuso el empresario Valeriano Allés por el uso municipal sin autorización de dos pozos de la finca de Ses Arenes de Dalt, de su propiedad.
La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear abrió expediente sancionador contra el Ayuntamiento por hacer caso omiso a la normativa que regula la extracción de las aguas subterráneas y la Conselleria de Sanidad desautorizó asimismo el suministro del agua para consumo humano.
De hecho, la sociedad mercantil Arenes Ciutadella SL, administrada por Valeriano Allés, demandó también a Recursos Hídricos ante los tribunales de justicia por permitir el uso municipal de las perforaciones en cuestión.
El caso llegó luego a manos del Seprona, que desde 2022 ha estado requiriendo información oficial sobre los distintos puntos de extracción municipales para comprobar cómo se gestionan los pozos desde el Consistorio, cuáles son sus profundidades y los resultados que arrojan sus analíticas para el consumo por parte de la población.
Secretismo
Los investigadores de la Guardia Civil han pedido total secretismo a testigos e implicados a la espera del inminente cierre de la operación y la remisión del caso al juzgado de instrucción, cuando los imputados y todas las partes en liza podrán tener acceso finalmente a las diligencias, ahora vetadas.
El Seprona ha actuado al ser la sección de la Guardia Civil encargada de velar por la conservación de la naturaleza y, por tanto, la responsable de perseguir la contaminación de los recursos hídricos y garantizar la riqueza cinegética, piscícola y forestal.
Tres cuartas partes del agua procede de captaciones subterráneas
Casi tres cuartas partes del agua que abastece el término municipal de Ciutadella proviene de captaciones subterráneas, principalmente de titularidad o gestión pública. En concreto, en el año 2022 se extrajeron del subsuelo un total de 3,324 hectómetros cúbicos de agua. mientras que los 1,136 hectómetros cúbicos restantes procedieron de la planta desalinizadora ubicada en la zona de Rafal Amagat.
El apunte
El remate a una semana marcada por la moción de censura y la petición de Aigües Cala Blanca
La intervención de la Guardia Civil ha sacudido una semana salpicada de polémica en Ciutadella por la inminente moción de censura contra el PP y la petición de la empresa Aigües Cala Blanca para que el Ayuntamiento le compre los cuatro pozos que suministran a 700 clientes del polígono C de Cala Blanca, Santandria y Sa Caleta.
Sam Moll, responsable de Aigües Cala Blanca y número 8 de la lista del PSM, lleva insistiendo desde 2017 para que la administración asuma la gestión de los pozos y ha pedido al Abaqua que los conecte a la desaladora, para así inyectar agua a los acuíferos y reducir el exceso de cloruros y nitratos. Su petición acabará siendo valorada por el nuevo gobierno que se forme a partir del 19 de julio.