Més ya se prepara para llevar al Constitucional el decreto de simplificación administrativa que, entre otras cuestiones, incluye la legalización de casas y piscinas construidas de manera ilegal en suelo rústico siempre que el delito ya haya prescrito. El PSIB no quiere ser tan tajante, pero su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, ha destacado en numerosas intervenciones públicas que la norma es inconstitucional. Representantes del PSIB se han reunido con miembros de GOB para ver si es posible articular una respuesta conjunta a lo que llaman el decreto de «depredación urbanística».
El PSIB prefiere guardar silencio, por ahora, y no confirmar su postura, pero el diputado de Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ya ha anunciado que se ha puesto en contacto con diversas formaciones políticas en la Cámara Baja para presentar el recurso a petición del GOB.
Para poder llegar una norma al Tribunal Constitucional, se necesita la firma de al menos 50 diputados en el Congreso, que son las que ahora intenta reunir Vidal. Ya se ha puesto en contacto con las formaciones a la izquierda del PSOE, como ERC, Bildu, Podemos o Sumar, en cuyo grupo parlamentario se integra Més.
Vidal responde así, precisamente, a una petición pública que realizó el GOB a los partidos para que recurrieran el contenido del decreto y hace un «llamamiento» a los parlamentarios progresistas para poner freno en los tribunales a la norma. El diputado de Més asegura que la suma del PSOE a esta iniciativa permitiría la presentación del recurso. Asegura que el decreto es una «aberración que desprotege los valores naturales y territoriales de Balears».
Los dos partidos ya han alertado de que varios aspectos del decreto podrían tener problemas de legalidad. Uno de ellos es la invasión de competencias del Govern en materia de costas, ya que algunas disposiciones del decreto podrían afectar a la zona de dominio público marítimo terrestre, que es competencia del Gobierno central.
Sin embargo, uno de los asuntos que más han llamado la atención de los dos partidos es la legalización extraordinaria del polígono de Campos por el que está siendo investigado el director general de Emergències. La oposición señala que se ha incluido una norma específica para arreglar un problema muy específico con la apariencia de que hay más municipios que se pueden acoger a ella, algo que no es así. Desde el PSIB se advierte de que estas disposiciones podrían estar en «fraude de ley», lo que llevaría a su anulación si hay un problema y un recurso ante los tribunales, como puede ser este caso.