Las empresas de ascensores de Baleares están recibiendo llamadas masivas de sus clientes para que les pongan a punto sus aparatos antes de la entrada en vigor de la 'Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1'. Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Ascensoristas de las Islas Baleares, el Sr. Toni Serrano hace un llamamiento a la calma, ya que la implantación de la citada normativa es progresiva, empezando a contar el marcador desde el próximo 1 de julio, fecha en la cual entra en vigor.
Serrano informa que desde que el diario Ultima Hora publicó la semana pasada que unos 11.000 ascensores en las Islas tendrán que pasar la nueva ITC han recibido tantas llamadas que, en ocasiones, incluso se han bloqueado las líneas de algunas de las empresas de las Islas. «Desde la Asociación de Ascensoristas de las Islas Baleares queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los propietarios y usuarios de ascensores de Baleares, respecto a la nueva ITC que entrará en vigor el próximo 1 de julio».
En este sentido, explica que la nueva normativa «tiene por objeto aumentar y equiparar la seguridad de los ascensores que tienen más de 25 años con los que salen actualmente de las fábricas, con el fin de reducir considerablemente los accidentes». En este punto, expone que «tanto las fechas de implantación como los trabajos a realizar, variarán en cada ascensor, según sus características y su año de instalación, es decir, cada ascensor es distinto uno de otro». En relación al plazo para implementar dichas medidas, detalla que «empezará a contar desde que el ascensor pase su siguiente inspección periódica obligatoria por un organismo de control, fecha en la cual se darán unos plazos de ejecución o finalización para esos trabajos». Estos plazos podrán ir desde seis meses, un año, dos años, cuatro años o hasta diez años en algunos casos concretos.
La Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) calcula que en las Islas hay algo más de 27.000 elevadores, pero sólo tendrán que adaptarse entre 10.000 y 12.000. El 85 % de ellos corresponden a viviendas, por lo que esto representa un coste extra para los propietarios, que oscila entre los 800 y los 10.000 euros.
Respecto a si hay multas por incumplir la nueva normativa, José Carlos Frechilla, director de FEEDA, responde que «si bien el texto legislativo recoge que las infracciones podrían sancionarse de acuerdo al artículo V de la Ley 21/1992 del 16 de julio, no esperamos que se puedan llegar a materializar, ya que la propia instrucción técnica complementaria (ITC) dispone de la flexibilidad suficiente para que no lleguen a producirse».