La izquierda ve en el decreto de simplificación administrativa (el que reforma casi medio centenar de leyes y elimina órganos como la Comisió de Medi Ambient) una enmienda a la totalidad al planteamiento de la llamada mesa por el pacto para la sostenibilidad ambiental que ha impulsado el Govern de Marga Prohens para afrontar los efectos de las masificación turística sobre las Islas.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, se mostró especialmente virulento y dijo: «La mesa nace muerta, la ha matado la propia presidenta con su decreto». El diputado menorquinista hizo una doble acusación: de un lado, afirmó, el Govern quiere extender a Menorca, muy rigurosa con las construcciones en rústico, el modelo «balear»; y de otro intenta «eludir el control parlamentario» llevando a ese foro cuestiones que tendrían que tomarse en el Parlament.
En parecidos términos, incidiendo en una cuestión u otra, se expresaron Marc Pons (PSIB), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Crístina Gómez, de Unidas Podemos. Ésta indicó que, «por suerte» se retrasó su vuelo y no pudo acudir el miércoles pasado a la primera reunión de la mesa en la que se apuntaron algunas propuestas. «Después de sacar las tijeras para recortar controles, ha quedado claro que todo fue una pantomima», añadió.
Para Apesteguia, «este es el decreto ley de la barra libre». En su opinión, mientras que Prohens «hace una expresión poética» en la mesa por la sostenibilidad, aprueba decretos que «aumentan la presión sobre el territorio» y permite «chaletarros» para segundas residencias. Con la particularidad, precisó, de que serán para «personas de gran capacidad económica».
Desde el PSIB, Marc Pons, enumeró varias consecuencias del decreto –de las que ya informaba este diario en su edición de ayer martes– y expresó su convencimiento de que el Govern ha jugado «a la confusión» y ha aprobado el decreto coincidiendo con su aparente cambio de criterio sobre el turismo. Pons, en línea con lo que había solicitado Més per Mallorca, afirmó que cuando Prohens informe en el Parlament sobre la mesa de sostenibilidad, deberá hacerlo igualmente sobre el decreto, un decreto que, opinó, tendría que tramirase como ley una vez convalidado.
Para el portavoz del grupo parlamentario Popular, Sebastià Sagreras, los que le sucede a los partidos de izquierda es que «están celosos» porque la idea del pacto para la sosteniblidad no ha sido suya y, ahora, «buscan excusas». Sagreras cuestionó especialmente al PSIB, que tuvo la presidencia del Govern los ocho años anteriores. Y también, aunque sin entrar en muchos detalles, afirmó que las críticas de la izquierda al decreto son infundadas. Prueba, dijo, es el «bulo» (así lo calificó) de que las casas legalizadas en suelo rústico podrán dedicarse al alquiler turístico.