El decreto de simplificación administrativa del Govern balear da más herramientas a los consells para que puedan actuar contra el alquiler turístico ilegal y los inspectores precinten los pisos que se alquilen ilegalmente. El Govern quiere, además, que las policías locales puedan actuar en las labores de inspección y anuncia que muy probablemente se presentará una enmienda para que la policía también pueda precintar estos pisos alquilados sin permiso, según Antoni Costa. El PSIB duda de que esta medida se pueda llevar a cabo y el diputado socialista Marc Pons ya alerta de que el precinto de una vivienda solo lo puede aprobar un juez.
En cualquier caso, a la espera de ver la eficacia de este texto, la norma incluye varias disposiciones con cambios en la normativa turística vigente. La más destacada es esta ofensiva contra el alquiler ilegal, pero el ‘decretazo Prohens' incluye que el Paseo Marítimo de Palma y la zona de Cala Major se consideren zonas maduras, lo que les permite entrar en el proceso de renovación de otras áreas, como se ha hecho en la Playa de Palma, en el Arenal o en Magaluf, con grandes inversiones de reconversión.
No es más que una mínima parte de un decreto que supone una auténtica convulsión y una enmienda a la totalidad a buena parte de la legislación que se ha aprobado a lo largo de estos 40 años de autonomía. La norma modifica de forma parcial o sustancial 46 leyes en vigor, algunas tan sensibles como la Ley de Conservación de la Naturaleza, la ley de estudio de impacto ambiental, la de educación, la de residuos, la de carreteras, la de suelo rústico, medidas contra la COVID, puertos, ley agraria...
Entre otras medidas, la norma que ayer se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) cambia la regulación del Parc BIT para permitir la construcción de viviendas, una posibilidad que eliminó la izquierda. Deberán destinarse al alquiler temporal para trabajadores del Parc o investigadores de la UIB, por ejemplo.
Otra de las disposiciones que cambie el decreto es la ley de bienestar para las generaciones futuras, que impulsó el GOB en la pasada legislatura. Se mantiene la comisión que crea esta ley para revisar las leyes que aprueba el Govern, pero sus informes dejarán de ser vinculantes como hasta ahora. También se confirma la desaparición de la Comissió Balear de Medi Ambient, que ya se había anunciado.
Además hay medidas relacionadas con la posibilidad de instalar nuevos chiringuitos. No se legalizan los que están en zonas que no competencia del Govern, pero se permite el uso de restauración en la zona de servidumbre, que sí depende de Balears. Hay modificaciones en la ley de cambio climático para facilitar el proceso de instalación de autoconsumo y cambios en la ley de residuos para flexibilizar un año, hasta 2025, la prohibición total de las bolsas de plástico que reúnen una serie de condiciones.
El decreto es tan amplio que cambia leyes como la de educación o la de ITV. En el caso de la ley educativa, se incluyen medidas para facilitar que las 'escoletas' privadas puedan acogerse a la gratuidad de la enseñanza. También se incorpora la posibilidad de que los centros educativos concertados puedan obtener la declaración de interés autonómico cuando vayan a hacer obras. El ‘decretazo' garantiza la gratuidad del transporte escolar también en Bachillerato. Por lo que se refiere a la ITV, se da a los consells la posibilidad de que privaticen el servicio. En todo el espíritu del texto hay una clara supresión de trámites, de informes preceptivos y de disposiciones cautelares previas a la realización de proyectos y de normas de todo tipo.
El apunte
El «decreto depredador», según la oposición
«Es un decreto de depredación territorial», dijo el diputado socialista Marc Pons. «Manda un mensaje muy peligroso a los infractores», opinaron Lluís Apesteguia (Més) y Josep Castells (Més per Menorca). Pons aseguro que el decreto supone una vuelta al modelo urbanístico de los años 80 y evidencia la hipocresía del Govern de Marga Prohens que, mientras habla de poner límites, aprueba medidas desarrollistas como nunca, como la construcción de más mansiones. «Es un despropósito», señaló. El Govern cree que se trata de una medida necesaria que permitirá descongestionar la Administración y que se pongan en marcha proyectos que estaban atascados por culpa del propio Govern. El vicepresident Antoni Costa aseguró que la agilización administrativa permitirá que aumente la productividad «y no supone que haya más descontrol, sino todo lo contrario». Asegura que hay medidas de sostenibilidad en materia de ciclo del agua, de transición energética y de una gestión más eficiente de la normativa turística.