El pleno del Parlament ha aprobado este martes, gracias a la abstención del PP, una iniciativa del PSIB para reclamar a la Conselleria d'Educació un plan de choque de medidas socioeducativas para promover un mayor uso del catalán. El PP ha optado finalmente la abstención tras no aceptar la diputada del PSIB Amanda Fernández una enmienda en este punto que proponía un cambio en el redactado y hablar de conocimiento en vez de uso y de medidas educativas en lugar de socioeducativas.
La abstención 'popular' ha servido para que otros puntos de la Proposición No de Ley (PNL) hayan salido adelante a pesar del voto en contra de Vox como pedir más recursos económicos a programas de normalización. El PP sí ha votado a favor de otros puntos de la iniciativa. La diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha defendido la iniciativa, ha expresado la necesidad de cuidar la riqueza lingüística que supone contar con dos lenguas oficiales y ha asegurado que la «supuesta imposición del catalán es un invento de la ultraderecha» y ha calificado como «farsa» el bilingüismo cordial que defiende la presidenta del Govern, Marga Prohens.
Para Fernández, es el catalán el que sufre «continuos ataques y menosprecios» el más grave de los cuales está siendo la segregación emanada del plan piloto de elección de lengua. La diputada del PP Ana Isabel Curtó ha advertido que la imposición de la lengua puede derivar en falta de motivación por parte del alumnado y ha defendido que los escolares puedan escoger libre y voluntariamente qué lengua usan. «El PP no está en contra del catalán. No hay fundamento real para esa crítica», ha afirmado.
La portavoz de Vox en la Cámara, Manuela Cañadas, ha criticado lo que ha calificado como intento del PSIB de «imponer su agenda ideológica en las aulas que va en contra de los principios de libertad». La diputada de Vox ha criticado que en el momento en que los ciudadanos tienen que destinar el 60 por ciento de su sueldo bruto al alquiler «es irresponsable gastar recursos públicos en la imposición de políticas fracasadas». Lluís Apesteguia, por parte de MÉS per Mallorca, ha aprovechado este argumento para proponer a Cañadas que impulse una iniciativa para destinar a políticas de vivienda los 20 millones del plan piloto de elección de lengua y los 750.000 euros de la oficina lingüística. «Le garantizo que se lo aprobamos», ha apuntado.