«Me aturullé un poco». Una mujer se sentó este lunes en el banquillo de los acusados para responder por un delito electoral por el que la Fiscalía le reclama una condena de quince meses de multa. No se presentó en la mesa electoral en las elecciones del 28 de mayo de 2023, las últimas autonómicas y municipales. No estuvo en la que le tocaba pero estuvo en la de al lado haciendo las mismas funciones en el colegio Camilo José Cela del polígono de Llevant de Palma.
Su defensa acreditó que sí estuvo hasta el punto que, según la documentación emitida por la Junta Electoral de Zona, incluso le retribuyeron por esa tarea. Sin embargo, la ausencia injustificada dio lugar a una denuncia por un posible delito electoral y a la apertura de un procedimiento penal que ayer llegó a juicio. En la vista, de apenas cinco minutos de duración, la mujer explicó lo ocurrido aquella jornada.
Contó que se presentó a primera hora de la mañana y que se lió con el número de mesa y sección a la que tenía que presentarse y que se fió de lo que le dijo en aquel momento el que ejercía como presidente. «No estuve doce horas, estuve 17 allí», explicó con ciertos nervios. «Hablé con dos policías nacionales que había allí y fueron muy amables», también dijo para insistir en que no hubo ninguna mala fé por su parte y que todo fue una equivocación.
La fiscal encargada del caso mantuvo las conclusiones provisionales pero renunció a informar más allá de pedir una «sentencia ajustada a derecho», lo que equivale a una retirada de la acusación de forma tácita. El Ministerio Público, a instancia de la Junta Electoral, presentó medio centenar de denuncias por delito fiscal a partir de ausencias de miembros de mesas electorales en los dos sufragios llevados a cabo el año pasado que esperan juicio.