«Nadie quiere venir a trabajar a Baleares por el alto nivel de vida». Así de claro lo afirma Alfonso Martínez, uno de los 90 funcionarios de Justicia que se irán este mes de mayo de las Islas, tras haber obtenido una plaza en la Península en el concurso de traslado. «Trabajo para pagar los gastos», lamenta este murciano.
En noviembre de 2022 vino a trabajar a los juzgados de Palma como tramitador procesal porque fue el destino que le dieron entre los que pudo elegir. Sin embargo, el elevado coste de vida de la capital balear le ha supuesto una auténtica tortura. «Trabajo para cubrir los gastos del alquiler, los vuelos y aquí todo es más caro que en Murcia», argumenta. Además, resalta que allí tiene una casa por lo que se ahorraría el alquiler; aquí paga 600 euros por un estudio.
Aunque reconoce que se vive muy bien, insiste en que los elevados precios hacen que deje de ser un destino atractivo y los funcionarios no quieran venir al Archipiélago balear. «La mayoría de mis compañeros, al igual que yo, vemos a Baleares como un lugar de paso; se van el 90 %, aproximadamente», explica. En este punto, advierte que esto repercute en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, ya que aumenta el tiempo de espera. Además, supone un incremento de la carga de trabajo de los empleados públicos. «Mi mesa de trabajo estuvo mucho tiempo vacía, hasta que yo vine, y volverá a estarlo hasta que acepte la plaza otras persona -y no sabemos cuándo será-, que encontrará mucho trabajo acumulado. Los compañeros harán lo más urgente, pero ya bastante tienen con lo suyo», comenta.
«Tengo 52 años y comparto piso»
Las historias de los funcionarios de Justicia son interminables y a cada cuál más dura. Este es el caso de M.I.F.F (no quiere dar su nombre completo ni que su foto aparezca en la noticia para preservar su intimidad), que cuenta que «tengo 52 años y comparto piso». Esta alicantina vino a la Isla en agosto de 2022 y aún no tiene fecha para volver a la Península porque asegura que el concurso de traslados acumula un año de retrasos.
En Alicante ha dejado a su marido y a sus dos hijos y se gasta gran parte de su sueldo en pagar el alquiler de la habitación, los vuelos y el elevado nivel de vida de las Islas. Ahora va cada 15 días a ver a su familia. Esta mujer cuenta los días para poder irse de Mallorca. «Nunca había compartido piso y, aunque me llevo bien con mis compañeros, me paso mucho tiempo en mi habituación», expone.
Los funcionarios de la administración de Justicia en las Islas cobran inicialmente entre 1.400 euros y 1.750 euros netos mensuales; con la antigüedad se va incrementando. Sin embargo, la carestía de los precios y el hecho de tener proyectos vitales iniciados en otras ciudades (tienen que seguir pagando hipotecas, alquileres, etc.) hace que no les sea rentable trabajar aquí y que el Archipiélago sea un lugar de paso. Aseguran que en plus de insularidad es tan bajo (entre 75 y 100 euros) que no les compensa.