El juzgado de Instrucción 7 de Palma ha enviado a la Fiscalía la denuncia presentada por el PSIB contra el director general del IB-Salut, Javier Ureña. El partido ponía encima de la mesa posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por la renuncia al expediente de reclamación de las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el ‘caso Koldo’ por la Audiencia Nacional.
Tras registrar la denuncia, el juzgado ha optado primero por pedir un informe al Ministerio Fiscal. Antes de llevar a cabo ninguna diligencia, la petición busca esclarecer la posible competencia o no del órgano judicial o si hay una reiteración de actuaciones respecto a las diligencias de la Audiencia Nacional o, en especial, a las que abrió la Fiscalía de la Unión Europea, donde se investiga toda la causa relacionada con los contratos de Balears.
Una vez que cuente con ese informe, el juez decidirá si continúa o no con la tramitación de las diligencias previas que ha abierto o si se inhibe. La denuncia de los socialistas, suscrita por los abogados Antonio Lázaro y Antonio Garrido sostienen que Ureña «mantuvo una conducta omisiva deliberada» para hacer caducar el expediente de reclamación de 2,7 millones de euros a la empresa por entregar mascarillas que no cumplían las condiciones del contrato.
La denuncia se dirige también contra el responsable de la empresa, Iñigo Rotaeche y la propia mercantil Soluciones de Gestión S.L. Como diligencias de investigación pedía la ratificación de la denuncia y la toma de declaración a Ureña y el resto de denunciados, además de la testifical de varios funcionarios del IB-Salut. El documento también acusa a Ureña de actuar de mala fe al poner en marcha un segundo expediente de reclamación que, sostienen carece de base: «En la actualidad, el Servei de Salut sabe que ha iniciado un procedimiento de revisión de oficio que no tiene fundamentación jurídica, actuando de mala fe». El caso queda en suspenso.