El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado, de la mano de Pablo Bustinduy, una consulta pública para la tramitación de una nueva Ley de Consumo Sostenible que permita luchar contra el ‘ecopostureo' en el que se pierden buena parte de los consumidores de España. Aunque la legislación balear en materia de residuos y de seguridad alimentaria es pionera y ejemplar en muchos casos, los consumidores de Baleares tampoco tienen herramientas suficientemente claras para evitar recibir gato por liebre.
Un hilo casi invisible separa lo coherente de lo aparente y las grandes empresas alimentarias han hecho del ‘greenwashing' un filón para aumentar las ventas en un mundo en el que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y la juventud es la abanderada de la sostenibilidad.
Lo ‘verde' vende pero el comportamiento más ‘verde' es el de consumir solo lo necesario. En un término medio están la reutilización y la reparación, pero ¿son estas posibilidades reales en el mundo actual? Eso es lo que quiere definir la futura normativa estatal.
Si una empresa presenta términos medioambientales genéricos no verificables científicamente en el etiquetado o publicidad de alguno de sus productos podría estar incurriendo en una ‘práctica desleal' que infringe el artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 que conlleva multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por esta práctica.
Algunas de esos términos genéricos han sido incluidos en la Guía de Comunicación Sostenible editada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que es una suerte de ‘aviso para navegantes' de lo que puede venir, no solo de la mano de la legislación nacional, sino también de la legislación europea que ya trabaja en una nueva propuesta sobre la comunicación y alegaciones medioambientales explícitas, también llamadas ‘reclamos verdes'.
«‘Ecopostureo' hay por todo. Nosotros eso lo hemos visto especialmente después de la pandemia. En Baleares los productos ecológicos están muy bien regulados y no hay confusión, si vas al mercado sabes qué es ecológico y qué no y de donde viene. Otra cosa es cómo se utiliza el lenguaje en el ámbito publicitario. Natural, artesanal, verde… vemos muchos productos que emplean esos términos y no tienen nada de ecológicos ni de sostenibles, eso provoca mucha confusión», explica Margalida Ramis, portavoz del GOB.
La Guía de Comunicación Sostenible editada por el Ministerio alude en su preámbulo a un estudio realizado por la Comisión Europea que concluye que un 80% de las páginas web, tiendas online o anuncios contienen alguna ‘alegación medioambiental'. «No siempre son claras y sustanciadas, pudiendo incurrir en prácticas engañosas para el consumidor», dice el texto. Del total de páginas web que han sido objeto de estudio un 45% utilizaban imágenes o colores sugiriendo beneficios medioambientales, un 35 % logos, etiquetas o textos explícitos y un 21 % términos de carácter generalista como ‘verde' o ‘ecofriendly'.
En prácticamente la mitad de los casos (42%) se detectó una «duda razonable» sobre si los conceptos utilizados eran falsos o engañosos y en más de la mitad de los casos (57,5%) las empresas no proporcionaban suficiente información como para permitir una evaluación sobre la exactitud de la alegación ambiental. La Unión Europea optó por lanzar dos nuevas regulaciones para acotar ese margen, que son en las que está trabajando actualmente.
¿Qué margen tienen las comunidades autónomas como Baleares para adoptar un marco normativo propio? Lo cierto es que ley balear de residuos fue pionera a nivel estatal en lo que se refiere a la reducción de envases, prohibiendo los de un solo uso, antes de que la pandemia impusiera esta medida por sentido común. La ley estatal de residuos copia a la balear (no en vano el exdirector general de Residus, Joan Groizard, fue uno de los grandes fichajes de Pedro Sánchez la legislatura pasada, pero «para que se aplique una ley no basta que se apruebe, es preciso desarrollar bien su reglamentación», avisa el GOB.
A mediados de febrero, representantes de 116 entidades que forman parte del movimiento #LeydeResiduosYA (entre ellas las baleares Save the med y Per la mar viva) se reunieron en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y su equipo para trasladar la «emergencia» y «necesidad» de que se despliegue la Ley de Residuos al completo para empezar a poner freno a la contaminación de los envases de un solo uso y los riesgos para la salud y la biodiversidad que estos comportan, abriendo paso a la prevención en la generación de residuos y la reutilización de los envases.
Muchos de esos envases se venden con falsas promesas de sostenibilidad. El pasado mes de noviembre la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y asociaciones de otros 12 países denunciaron en Bruselas a las empresas embotelladoras de agua por ecopostureo.
Los movimientos ecologistas y conservacionistas reclaman transparencia en el sector del reciclaje que genera grandes volúmenes de negocio. «Tener una ley no siempre implica que se ejecute. Hay verdaderos lobbies que intentan evitar políticas sostenibles de residuos», avisa Margalida Ramis.
Incluso los Baleares más concienciados desde el punto de vista ambiental se encuentran ante un dilema moral. ¿Qué es más sostenible, comprar producto ecológico o comprar producto local? La portavoz del GOB aboga por priorizar el producto de kilómetro 0, preferentemente a granel, que reduce la huella ambiental, transporte, envasado… Si además somos capaces de encontrar producto ecológico de km 0 a granel, habremos cumplido con el objetivo, pero no siempre es posible.
«Beber agua embotellada en estas Islas es un drama ecológico. El problema es que en muchos pueblos no tenemos agua potable, pero la pagamos como tal y eso eleva el consumo de agua embotellada», advierte Margalida Ramis. Si ese agua proviene de entornos naturales es ‘sostenible' pero su consumo no lo es. Lo ideal sería poder beber agua del grifo, sin necesidad de producir envases.
Sobre la futura ley estatal, Biviana Medialdea, Secretaria General de Consumo y juego, manifestó con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras que « es la primera que habrá en nuestro país centrada exclusivamente en fomentar el consumo sostenible, tanto desde el punto de vista de las propias personas consumidoras como desde la producción».
Cuatro son sus grandes objetivos: Luchar contra el ecoblanqueo o greenwashing (técnicas de publicidad engañosas que algunas marcas emplean para vender sus productos, desarrollar un índice de reparabilidad que permita comparar la potencial circularidad de los productos en el etiquetado, convertir el derecho a reparar en un derecho básico durante el periodo de garantía y una vez agotada la misma, y asegurar que la reparación de los productos aumente también su garantía cuando se elija esta opción, en lugar de reemplazalos por productos nuevos.
Para los que quieran ir sobre seguro y no caer en el engaño de la falsa sostenibilidad, existe la posibilidad de sumarse a movimientos organizados o compras grupales de alimentos o productos de kilómetro 0 o ecológicos. Agrohorizontal es un ejemplo de este modelo en Baleares con su mercado cooperativo Terranostra).
Terranostra, el primer supermercado cooperativo de Mallorca, abrió oficialmente sus puertas hace ahora algo más de tres años en Palma. Los socios pagan una cuota inicial de 100 euros y luego contribuyen al proyecto dedicando 2 horas y media mensuales a atender, ya sea como reponedores, cajeros o en otros puestos de la cadena. A cambio obtienen descuentos de más de un 20 % en algunos productos y pueden participar en la toma de decisiones.
La selección de productos corre a cuenta de una comisión que prima los productos ecológicos de proximidad. En los últimos meses ha tenido un repunte de asociados y ya son más ed 520. Así lo explica, Montse Ara, una de sus socias trabajadoras.
«Hemos notado un repunte, pero sigue haciendo falta mucha difusión porque hay gente que aún no conoce modelo este modelo de consumo», dice Ara. La cooperativa ofrece charlas a escuelas y ayuda a difundir los valores del consumo responsable en el marco de Palma Educa .
Desde hace seis meses, ofrece la opción de pagar una cuota mensual de 8 euros a aquellas personas que creen en el modelo cooperativista pero no pueden dedicarle el tiempo exigido porque tienen cargas familiares o un horario de trabajo incompatible. «Es una cuota simbólica que siempre es la última opción, para que quien hace turno no se vea perjudicado», dice la socia.
En el supermercado cooperativo pueden comprar tanto los socios como los no asociados, pero con una diferencia sustancial de precios. Prácticamente todo el género a la venta es kilómetro 0 y ecológico. «Es una cooperativa sin ánimo de lucro, no hay ningún propietario o inversor detrás y por lo tanto no hay nadie que busque hacer negocio con un etiquetado engañoso», dice Montse Ara. Explica que la Comisión de productos decide qué se compra, siempre poniendo en primer lugar el criterio local y ecológico y en caso de que eso sea imposible el producto ecológico peninsular.
Comercializa además algunos productos sin sello ecológico pero de kilómetro 0 con garantías de orígen. Vende así, por ejemplo, productos de la Cooperativa de Sóller o huevos de Matter. También se tienen en cuenta las condiciones de los trabajadores que intervienen en el proceso de producción y los criterios de precio justo.