El PSIB-PSOE ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que declare todo el territorio balear como Zona de mercado residencial tensionada para poder aplicar los precios de referencia del Ministerio de Vivienda. En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha señalado que la vivienda es el principal problema que sufre la comunidad, y los municipios no son una excepción. Para ayudar a frenar la presión que sufren los territorios tensionados por el precio de la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha creado una nueva herramienta, el Índice de Precios de Referencia, un instrumento al que se pueden acoger los municipios si previamente han sido declarados como Zona de mercado residencial tensionada, ha recordado el partido.
Dado que Baleares es un territorio limitado geográficamente, y que la proximidad entre municipios obliga a mantener un equilibrio de forma no independiente, sino de conjunto, el PSIB-PSOE ha pedido al Govern de Prohens que declare todo el territorio balear como zona tensionada, a fin de poder implantar la limitación de precios de alquiler en todo el archipiélago y contribuir, de este modo, a resolver los problemas de vivienda que tanto afectan a la comunidad.
En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el Índice de Precios de Referencia, un instrumento cuyo principal objetivo es controlar el aumento de precios del alquiler. Esta herramienta no responde, según los socialistas, a criterios políticos, sino técnicos y empíricamente demostrables y se aplican de forma homogénea independientemente del lugar de residencia.
De forma sencilla, este instrumento marca un precio mínimo y máximo de alquiler de cada vivienda, de acuerdo con una serie de criterios técnicos, como por ejemplo la calle o zona donde se encuentra, si tiene o no ascensor, aparcamiento propio, si es un piso o una planta baja, etcétera.
Para las zonas tensionadas, el valor superior del rango que determinará el índice marcará el límite de renta máximo a exigir en los nuevos contratos de alquiler, de manera obligatoria, siempre que se esté antes dos situaciones: cuando el arrendador sea un gran tenedor y cuando se trate de un nuevo contrato de alquiler de una vivienda que no haya sido arrendada en los últimos cinco años.
El secretario de Agenda Urbana del PSIB-PSOE, Joan Ferrer, ha criticado que, de momento, Prohens ha manifestado que se declarará insumisa en la aplicación de esta ley estatal para garantizar el derecho a la vivienda, lo que implica que «la presidenta se cierra dentro del Consolat e ignora una ley estatal beneficiosa para toda la ciudadanía».
«La postura de Prohens es un drama, especialmente para los jóvenes que necesitan emanciparse, para las familias que a pesar de tener una estabilidad económica no pueden obtener el suficiente crédito financiero y por otras situaciones como familias monoparentales, los padres o madres divorciados y que tienen que empezar una nueva vida y otras situaciones de fragilidad económica y social», ha añadido.
Por eso, Ferrer ha considerado que «no es tolerable» que el Govern de Prohens «ponga el freno de mano a la maquinaria puesta en marcha por los socialistas las dos últimas legislaturas de construcción de Viviendas de Protección Oficial y a las políticas de acceso a la vivienda digna y asequible», como lo muestran, según el PSIB-PSOE, los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 y que «ya denunciaron los socialistas en sede parlamentaria».