La última tasación de Muleta II, la finca cuya desclasificación le ha costado al Govern 96 millones de euros, arroja un valor mínimo para la propiedad, apenas 160.000 euros. Durante el proceso concursal que pasaron las sociedades de Matthías Kühn, la mercantil Birdie Son Vida, Muleta pasó a manos de un fondo de capital inmobiliario con sede en Luxemburgo: Hayfin Jade Luxco 3 SARL, una sociedad de responsabilidad limitada. En ese proceso se llevó a cabo una tasación del valor que entonces tenía la finca que, en aplicación de la última normativa urbanística, de 2017 había pasado a ser suelo protegido.
Así, ante la imposibilidad de construir nada en Muleta, el paraje en el Port de Sóller ha perdido de forma drástica su valor. La parcela, de 37.000 metros cuadrados tiene una elevada protección urbanística y usos muy limitados. Sin embargo, eso no es lo que indemniza el Govern por el auto del Tribunal Superior de Justicia que fue confirmado esta semana por el Tribunal Supremo: la administración autonómica paga por un suelo urbano en el que se iban a construir treinta chalés de alto standing.
El empresario alemán adquirió Muleta en 1999 a las sociedades Invercoll S.A., Inversoller S.L. y Grupo Sobrino S.L.. En aquel momento la finca era suelo urbano con buena parte de los servicios ya instalados el plan que permitía desarrollar esa zona venía de 1968 y en 1990, el Ajuntament ya había dado licencia de obras, aunque la suspendió. En 2004 sí consta que Sóller reconocía la urbanización del suelo. En aquel momento la obra quedó paralizada por la moratoria que impuso la tramitación del Plan Territorial de Mallorca. Tras ese impasse, cuando el segundo pacto de progreso aprobó el plan llegó la norma urbanística de 2008 que desclasificaba la parcela e impedía construir. Fue entonces cuando se produjo la primera demanda de Kühn por responsabilidad patrimonial de la administración.
Ese procedimiento fue el que quedó solventado por el acuerdo que alcanzaron en 2013 el Govern y el promotor. En ese pacto se acordaba la pérdida de objeto del procedimiento después de que una nueva normativa, de 2012 permitiera que recuperara la condición de urbano, en esta ocasión de la mano del PP. Entre 2013 y 2017 el suelo tuvo esa condición y se podrían haber llegado a construir las obras. Sin embargo, el Ajuntament de Sóller no atendió la petición de la empresa para que adecuara el procedimiento. Un contencioso interpuesto por la propiedad contra el consistorio fue descartado en 2018 porque, un año antes se había aprobado una nueva normativa urbanística, la que rige aún en la actualidad, que acordaba la desclasificación de nuevo y que cerraba la vía a la urbanización de forma definitiva.
La condena a la administración para compensar a la sociedad deriva del reconocimiento de este suelo como urbano en 2013, cuando la legislación sí lo señalaba como tal. La imposibilidad material de ejecutar esa resolución judicial firme es la que llevó primero al Tribunal Superior de Justicia a fijar esa indemnización. Se trata de la cuantía más alta por una desclasificación en Mallorca y la segunda más elevada en Balears. Ambas derivan de la prohibición de construir en suelos que ya eran considerados como urbanos.
La actual propietaria adquirió la deuda de Kühn a la Sareb en 2018 y se hizo en el proceso de concurso con la propiedad de la finca tras una dación en pago.