La Conselleria de Presidència aún no ha dado traslado al Gobierno central de la denuncia que registró el grupo socialista del Consell contra el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, por permitir que un regidor de Vox llamara en el pleno al Golpe de Estado de 1936 «última cruzada de liberación». Así se desprende de la respuesta que han recibido los socialistas después de solicitar copia del inicio de diligencias previas contra David Gil y copia de la comunicación de la denuncia contra Galmés al Ministerio de Presidencia.
«Actualmente esta Secretaría General está realizando las correspondientes actuaciones, cuyos resultados se tienen que concretar en un informe que se ha de comunicar al órgano competente para iniciar el procedimiento, que ha de adoptar la decisión que corresponda, que se les comunicará», dice el documento firmado por la secretaria general de la Conselleria de Presidència del Govern que es el órgano competente para sancionar los incumplimientos de la Ley autonómica de memoria histórica.
Cabe recordar que Presidència confirmó a Ultima Hora que ha abierto diligencias previas contra David Gil (Vox), pero no contra el president Galmés porque aunque la ley estatal de memoria democrática castiga con multas de hasta 100.000 euros a las personas que permitan la exaltación del Golpe de Estado de 1936, esta es una sanción que no contempla la normativa autonómica.
Cuando los socialistas denunciaronen Presidència los hechos (ocurridos hace un mes) ya pedían explícitamente que el gobierno autonómico sancionara o en su defecto diera traslado de la denuncia a la administración que corresponda. «Con la contestación de la Conselleria de Presidencia del Govern a nuestro escrito de 27 de febrero pidiendo confirmación y copia de las resoluciones de inicio, básicamente nos vienen a decir que no tienen nada. Sorprende que si saben que son incompetentes para el tema de Galmés no lo hayan derivado ya. Creo que no tienen nada en realidad», dice el socialista Javier de Juan.
El grupo socialista ha registrado en el Consell una ‘Moción para la recuperación de la dignidad y la memoria democrática en la propia institución del Consell de Mallorca'. La idea es que el contenido de la misma pueda ser debatido en el próximo pleno. «No nos creemos que las disculpas sean sinceras y lo que pretendemos con la moción es que el gobierno de PP y Vox del Consell de Mallorca se comprometa con los valores democráticos y la dignidad con las víctimas y la memoria democrática», explica De Juan. «No tenemos mucha esperanza de que se apruebe pero si no sale adelante también servirá para saber que el president Galmés no es sincero», concluye.
Cabe recordar que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no solo no impidió que el conseller de Vox David Gil llamara ‘última cruzada de liberación' al alzamiento militar de 1936, sino que tampoco le amonestó. Después de que los hechos saltaran a la opinión pública se limitó a calificar de «desafortunadas» las palabras de Gil y defendió la idea de no ir más allá argumentando que está «centrado en las tareas de gobierno».
El día después de que el grupo socialista denunciara a Galmés por permitir el enaltecimiento del golpe de Estado incumpliendo la ley estatal de memoria democrática, el presidente del Consell cambió de postura. Condenó las palabras de sus socios de gobierno, pidió disculpas a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista «que hayan podido sentirse ofendidas» y anunció su intención de eliminar de las actas del Consell las palabras de David Gil. El borrado es imposible técnicamente porque las actas de los plenos del Consell no son una transcripción de lo que se habla en la sala sino una videograbación.
Aunque el PSOE es el único que hasta el momento ha denunciado a Galmés, Presidència tiene además otras dos denuncias de Memòria de Mallorca y de Podemos contra el regidor de Vox David Gil por estos mismos hechos. Gil, lejos de retractarse, se ha reafirmado en sus palabras.