El PSOE no se rinde y llevará su denuncia contra el conseller de Vox que llamó ‘última cruzada de liberación' al Golpe de Estado de 1936 hasta el final, pero también la denuncia contra el presidente del Consell, Llorenç Galmés, por no impedir que David Gil describiera el alzamiento militar en estos términos. Los denunciados se exponen a multas de hasta 10.000 y hasta 100.000 euros por estos hechos.
El grupo socialista del Consell de Mallorca registró el martes 27 de febrero un nuevo escrito en la Conselleria de Presidència en el que solicita confirmación oficial y copia de la resolución de inicio de la apertura de diligencias previas contra David Gil, pero también confirmación oficial y copia de la derivación de la denuncia contra Llorenç Galmés a la autoridad competente del Estado. Reacciona así después de que Presidència informara a Ultima Hora de que no ha abierto diligencias contra el presidente del Consell al considerar que no es su competencia ya que la ley autonómica no sanciona a quienes permiten enaltecer el alzamiento militar. Solo lo hace la ley Estatal.
Fuentes de Presidència no han querido confirmar si han dado o no traslado de la denuncia de los socialistas al Gobierno central. «Estamos en la fase de diligencias previas y dejaremos que los técnicos trabajen», afirman.
Los hechos, que están bajo la lupa de los técnicos, ocurrieron el 8 de febrero en el pleno de la institución insular durante el debate de una moción de Més que instaba a restituir la señalítica deteriorada o vandalizada de las carreteras de Mallorca construidas por presos republicanos. En el momento en el que el portavoz adjunto de Vox, David Gil, habló del alzamiento militar como «última cruzada de liberación» el presidente Llorenç Galmés no le reprendió ni interrumpió su discurso. Al día siguiente la asociación de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista (Memòria de Mallorca) presentó una primera denuncia contra Gil en Presidència. También lo hizo Podemos. Ambos han denunciado también los hechos ante la Fiscalía General de Memoria Democrática.
El único que ha denunciado al presidente del Consell es el grupo socialista de la institución insular. Lo hizo el pasado 14 de febrero en la Conselleria de Presidència, seis días después de que ocurrieran los hechos. Hasta entonces el presidente del Consell había evitado condenar la conducta de sus socios de gobierno. «No compartimos el comentario del conseller de Vox y si alguien cree que vulnera alguna ley, tiene todo el derecho de presentar una queja en la administración competente. Es un comentario desafortunado pero no perderemos más tiempo ya que estamos centrados en nuestra acción política», dijo inicialmente.
Un día después de que los socialistas denunciaran a Galmés, el presidente del Consell anunció que instará en el pleno del 14 de marzo a «que el conseller de Vox, David Gil, retire las palabras sobre la Guerra Civil y el franquismo para que así no conste en el acta de la sesión plenaria del 8 de febrero». Galmés pidió disculpas «a quien se haya podido sentir ofendido por las declaraciones de David Gil».
Javier de Juan, portavoz del grupo socialista en el Consell, sospecha que Galmés cambió su postura inicial «solo para evitar la sanción o tener un atenuante». Avisa además de que el presidente del Consell «sabe que no se puede eliminar la expresión ‘cruzada de liberación' del acta del pleno porque así se lo explicó el secretario recientemente en un caso que afectó a un regidor de Més per Mallorca».
La explicación del secretario quedó registrada en la videoacta que puede consultarse en la web del propio Consell. «Las videoactas no se puede eliminar porque no se hace una transcripción como sí ocurre en otras instituciones como los ayuntamientos. Eso está ahí y seguirá ahí. En el momento podría y debía haber pedido al conseller de Vox que retirara sus palabras y pidiera disculpas, pero no hizo nada. Por eso decidimos denunciar, no solo a David Gil, sino al president del Consell», dice Javier de Juan.
La videoacta será la prueba principal para la apertura de un futuro expediente sancionador a los implicados. El PSOE avisa de que Presidència «tiene la obligación de dar traslado de la denuncia a la administración competente, otra cosa es que no puedan sancionar. Estamos a la espera de ver qué nos dicen y si no cumplen iremos directamente al servicio de Memória democrática del Estado porque no parece que aquí tengan mucha intención de actuar».
Fuentes del Consell han matizado este miércoles que buscan «una fórmula» que permita retirar las palabras de David Gil. Cabe recordar que PP y Vox han anunciado su intención de derogar la ley autonómica de Memòria Histórica en Baleares.