La consellera de Salut del anterior Govern, Patricia Gómez, no informó en ningún momento al Parlament de que una de las mayores remesas de mascarillas que habían llegado a la comunidad había sido un fraude. El Govern supo el 8 de junio de 2020 que el material que llegó desde China gracias a los empresarios contactados a través del Ministerio de Fomento no era el que se pidió, pero la consellera no hizo ni una referencia a este hecho en una comparecencia parlamentaria que protagonizó solo dos días después, el 10 de junio de ese mismo año.
La comparecencia la había pedido el PP a raíz de que se supiera la participación del abogado José María Lafuente en la llegada de una remesa de mascarillas. El PP quería conocer los detalles de la participación del abogado «y de la calidad del material suministrado».
El Govern sabía desde hacía 48 horas que el 1,4 millones de mascarillas que había comprado estaban en un almacén porque no tenían la calidad requerida, pero la consellera no aprovechó la comparecencia parlamentaria para explicar esta circunstancia. Mencionó que se habían bloqueado 80.000 mascarillas FFP2 de una partida de cuatro millones de estas inmovilizadas, 40.000 correspondían a las compradas gracias al asesoramiento legal de una abogada china con quien había intermediado Lafuente.
La consellera señaló que, después de detectar dudas entre los profesionales sanitarios, se inmovilizaron por prevención y se pidieron análisis independientes. No hubo ni una sola referencia al 1,4 millones de mascarillas que se habían retirado dos días antes de los centros logísticos sanitarios para dejarlas almacenadas sine die, hasta el punto de que casi todas ellas han caducado.
No dijo nada incluso a pesar de que la diputada de podemos Antonia Martín le pidió específicamente si se habían producido problemas con otros envíos. «¿Se ha encontrado más material con algún tipo de defecto?, ¿se ha requisado o qué se ha hecho?», preguntaba. Tampoco entonces dijo nada la consellera y solo mencionó las 40.000 que habían quedado inmovilizadas.
No ha habido material malo
«En esta comunidad autónoma no ha habido material defectuoso, no ha habido. Tal vez me dirá suerte; suerte o buena gestión, no sé (...) Pero creo que también hay que tener en cuenta que ninguna partida de las compradas por esta Conselleria ha resultado defectuosa», decía después a preguntas del diputado de Cs Juan Manuel Gómez.
«Siempre lo digo y lo seguiré diciendo: máxima transparencia en todos los procesos que realizan este gobierno y la Conselleria de Salut i Consum, con una obligación que no puedo ni quiero olvidar: encontrar soluciones y conformar estrategias; tomar decisiones es gestionar», dijo Patricia Gómez en su intervención inicial.
La consellera explicaba en su comparecencia las enormes dificultades que se tuvieron al inicio de la pandemia para conseguir el material e insistía en que el Govern cumplía la ley «con total transparencia y con el objeto de tener el material disponible para los profesionales».
Gómez hacía referencia al «pequeño» departamento de Contratación del Servei de Salut, «que hace un trabajo ingente». «Ni los que están en obras ni los que están a contratación no sé cómo pueden llevarlo; la cantidad de trabajo que hacen...», señalaba Gómez. Insistió ante la oposición que se trataba de «gente funcionaria, que firma (...), que sabe agarrar las cosas con un rigor».
Las mascarillas que nunca se utilizaron llegaron a Palma el 27 de abril, según quedó registrado en la aduana, tan solo dos días después de que se tuviera el primer contacto por mail entre el IB-Salut y la empresa. El 29 de abril comenzaron a distribuirse pero al mismo tiempo se enviaron al Centro Nacional de Medios de Protección, que las recibe el 25 de mayo. El 8 de junio llegan los resultados del análisis que confirman que ninguna de las cuatro referencias enviadas cumple con los requisitos exigidas para las FFP2.
El informe del 6 de julio con la propuesta de reclamación del dinero cobrado de más señala que las mascarillas quedaron almacenadas en dependencias del Servei de Salut hasta el año 2023 «que es cuando la OMS ha declarado el fin de la pandemia» y por esa razón «se seguían manteniendo almacenadas», aunque ya habían caducado.
El apunte
La Guardia Civil sostiene que el material se adquirió sin contrato
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que la compra de las mascarillas se hizo sin ningún tipo de contrato que diera validez oficial a la adquisición. Agentes de la Guardia Civil se personaron en las dependencias del IB-Salut el 19 de julio de 2022 y se llevaron toda la documentación relacionada con el expediente, pero en ningún lado aparece un contrato a un acuerdo firmado entre las partes «en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables del mismo».
Por tanto, nadie sabe de manera oficial quién inició el contrato porque no ha quedado constancia en ningún documento. Lo único que se sabe es el correo que envió la empresa el 25 de abril a Manuel Palomino, responsable de compras.
Las claves
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Castilla-La Mancha y Aragón rechazaron las mascarillas
El director general del IB-Salut, Javier Ureña, informó la semana pasada de que otra administración rechazó previamente el material que terminó llegando a Baleares. Ahora se ha sabido que fueron dos comunidades gobernadas por el PSOE: Castilla-La Mancha y Aragón. No quisieron el material porque no lo consideraron adecuado.
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El Ministerio de Interior aún pagó más por los cubrebocas
Las mascarillas que llegaron a Baleares tenían un coste de 2,5 euros cada una de ellas y ese es el precio estándar que marcó la trama para todas las administraciones, con una excepción porque al Ministerio del Interior le cobró 3,27 euros por cada mascarilla. Un informé técnico del IB-Salut concluyó que su precio real era de 0,42 euros cada una de ellas.
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El aval que validó el pedido se firmó el mismo día en Interior
El aval que emitió un funcionario que certificaba que al material había llegado correctamente y de forma adecuada se firmó el 12 de agosto de 2020, el mismo día en que otras administraciones realizaron la misma certificación que avalaba la mascarillas. El Ministerio del Interior y ADIF también certificaron que la entrega había sido correcta y sin problemas. La petición del certificado la había hecho la propia empresa.