El GOB ha censurado este jueves la «oleada desreguladora» del Govern en la normativa medioambiental de Baleares, por lo que pedirá una reunión con la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y adelantó que no descarta recurrir a instancias europeas para garantizar la funciones de la Comissió de Medi Ambient.
Éstas son algunas iniciativas que emprenderá la entidad y que han anunciado la presidenta del GOB, Margalida Ramis, y las vocales Teresa Cuennet, Francisca Mas y Aurora Jhardi.
De esta manera, la organización ecologista advirtió al Govern de que su «no nos quedaremos de brazos cruzados ante lo que consideramos una pérdida de derechos, transparencia y espacios de participación pública» tras las últimas medidas tomadas en materia urbanística, el anuncio de un futuro decreto para la simplificación administrativa o las declaraciones del presidente de la Associació de Promotors Immobiliaris de Balears, Luis Martín, que en un acto del PP del pasado sábado dijo que «hay que quemar la Comissió de Medi Ambient».
Desde el GOB, consideran que estas declaraciones «ponen en el punto de mira a la Comissió de Medi Ambient. El Govern está asesorado por promotores inmobiliarios y traslada el mensaje de que este órgano atasca, es un estorbo y funciona ideológicamente al excederse en sus funciones».
Por estos motivos, las representantes del GOB han criticado al Ejecutivo porque «ignora y niega una crisis climática y ecológica sin precedentes a escala local y global».
En este sentido, han recordado la diferente normativa europea y estatal existente que establece las bases que deben regir la evaluación de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, siendo la mencionada comisión la entidad encargada de esta tarea en Baleares.
«Es un órgano de vital importancia en las Islas porque supone la garantía mínima que puede exigirse en un contexto como el actual y que ha supuesto un largo camino hasta la implementación efectiva del ejercicio de sus competencias en materia de evaluación ambiental, determinado por el marco obligatorio europeo», defiende el GOB.
Margalida Ramis añadió que «la iniciativa privada, con sus intereses concretos y particulares, no puede ser juez y parte en la evaluación de proyectos».