El Govern prepara una derogación masiva de leyes, decretos, instrucciones y órdenes de toda índole que considera que son ineficaces y que además suponen un lastre para que la Administración funcione de manera correcta. Esta actuación se hará de manera inmediata con una primera lista de derogaciones y de supresión de trámites que se concretarán en el decreto ley de simplificación administrativa en el que ya trabaja el vicepresident del Govern, Antoni Costa.
Una comisión analizará a fondo todas las normas que se han ido aprobando en los 40 años de vida de la Comunitat Autònoma. El vicepresident del Govern detalla que, durante todos estos años, se han ido fijando normas y trámites que se añaden a los anteriores y que han provocado una maraña burocrática que ahora se quiere deshacer. El Govern considera que muchas de estas normas son innecesarias e ineficaces. «Hay que hacer limpieza», explica Costa.
«Los ciudadanos perciben que los procedimientos se eternizan y no es normal que las licencias para construir una vivienda tarden dos años en algunos municipios y hasta seis o siete en lugares como Formentera», añade. Habrá, por tanto, simplificación de la normativa, con esa derogación masiva de normas que, en opinión del Govern, crean más problemas de los que resuelven, pero también habrá una simplificación en los procedimientos con un «análisis crítico» para eliminar trámites e informes que no son necesarios.
Liberalización
Será un proceso de liberalización administrativa «sin manías y valiente». «Queremos ayudar a facilitar las cosas al 98 % de los ciudadanos que cumplen la norma», añade. El objetivo es que la Administración se pronuncie a favor o en contra de los proyectos de forma ágil y rápida, frente a la situación de los últimos ocho años. «Se ha hecho una política intervencionista, proteccionista y dirigista y este Govern ha venido a cambiar las cosas», señala el vicepresident. «Este es el gobierno de la libertad y del respeto a los derechos individuales y a la propiedad privada», insiste.
En todo este proceso de eliminación de normas, hay dos entidades que están en el punto de mira del Govern: la Comissió Balear de Medi Ambient y el departamento de Recursos Hídrics. «Existe la sensación de que estos dos organismos han tenido una clara pretensión paralizadora, en muchos casos con la intención de que el promotor desista por agotamiento», opina.
Los datos
Según el Govern, en estos momentos hay un atasco de miles de expedientes en varias áreas. La presidenta Marga Prohens informó hace unos días de que hay 13.000 proyectos de energías renovables que están paralizados, otros 4.000 más hacen cola en Recursos Hídrics y más de 6.000 en el departamento de Medi Ambient. «No puede haber proyectos paralizados durante más de dos años porque algunos departamentos analizan más allá de lo que es su competencia», señala el vicepresident.
Costa asegura que este primer decreto legislativo estará aprobado en el primer trimestre del año y será la avanzadilla de la simplificación a gran escala que se hará durante toda la legislatura. «Los ciudadanos tienen un problema porque cualquier trámite se eterniza y no puede ser que la administración cree cuellos de botella en lugar de ayudar a resolver los problemas», afirma Costa. En paralelo, el vicepresident explica que se avanzará en el proceso de digitalización de la administración para que todos los procedimientos sean también mucho más ágiles.
El apunte
La Comissió de Medi Ambient sigue sin presidente seis meses después del cambio
La Comissió de Medi Ambient, uno de los organismos que tiene el Govern bajo los focos, sigue sin presidente seis meses después de que se formalizara el cambio en las instituciones. A la vista de que no hay un nombramiento por ahora, ejercer las funciones de presidenta la directora general de Coordinació i Harmonització Urbanística, Maria Paz Andrade. La Comissió estaba adscrita a la Conselleria de Medi Ambient en la anterior legislatura, pero en esta queda bajo el mando de la consellera d’Habitatge, Marta Vidal.
La Comissió se ha reunido en varias ocasiones desde que Prohens es presidenta y la última reunión ordinaria la celebró, precisamente, el jueves de la semana pasada. En el orden del día no figuraba ningún asunto de importancia y solo había tres puntos de trámite, uno de ellos la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta secado solar de lodos de Tirme. También ha dado el visto bueno a la urbanización de Can Escandell, en Eivissa, para la construcción de 500 viviendas de protección pública.