Hasta que Vox no entró en el Parlament (en la legislatura 2015-2019) ningún grupo había planteado en la Mesa de la Cámara que el castellano se incorporara a las comunicaciones internas. En aquella legislatura, su anterior presidente, el socialista Vicenç Thomàs, dejó varias veces sobre la Mesa –y a la espera de consultas con el servicio jurídico– una petición de Vox para que «los escritos y documentación que se tramiten a los grupos sean también en lengua española». En una de esas reuniones de la Mesa (la que denegó la petición), donde Vox, que hoy tiene la presidencia del Parlament, no estaba representada, el ‘popular' Juan Manuel La Fuente propuso que se pudiera hacer alguna excepción «si el grupo parlamentario Vox-Actúa Balears [ese era el nombre oficial] tiene algún problema o alguna dificultad con la lengua». Pero no se opuso a que se denegara el envío de escritos en castellano, sino que se abstuvo.
En general, y desde que en 1986, con un Govern del PP (entonces llamada AP) y, por unanimidad en el Parlament, se aprobó la Llei de Normalització Lingüística, ha existido una suerte de discriminación positiva a favor del catalán. Así se admite tanto desde el PP como de la oposición. Aquella ley era una copia literal de la catalana aunque llevara la firma de Francesc Gilet, conseller de Cultura con Gabriel Cañellas. Posiblemente hoy no podría aprobarse una ley como aquella que recoge que «la lengua catalana es la lengua propia» de las Islas y que «este derecho implica poder dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, a los organismos públicos y a las empresas públicas y privadas». O que «todos los ciudadanos tienen derecho a poder dirigirse a la Administración de Justicia en la lengua oficial que crean conveniente y no se les puede exigir ninguna clase de traducción».
No afecta a la señalética
¿Vulnera el acuerdo para que el castellano sea con el catalán lengua vehicular en sus comunicaciones y para que el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes (BOPIP) se bilingüe? Sí, según Més per Mallorca y PSIB. No, según han indicado, oficiosamente, a este diario desde el ámbito jurídico. La Llei de Normalització, incluso pese a la lectura «propositiva» a favor del catalán, permite el uso de las dos lenguas. Ni siquiera José Ramón Bauzá llegó a modificar la ley para sus planes. Tampoco el Govern de Marga Prohens, que abraza el bilingüismo y depende de Vox.
¿Qué cambia entonces? La respuesta corta, resumiendo explicaciones y matices, es que nada. O apenas nada. Aunque beneficia a Vox, pues le permite pasar como el partido que «ha terminado con la dictadura del catalán». Marga Durán (PP) afirma que su grupo no va a pedir que se le envíen los textos del Parlament en castellano. El acuerdo aprobado no afecta al funcionamiento de los plenos (donde se emplea habitualmente catalán y castellano) ni a la señalética o cartelería, pero sí a la Web. Todo lo que recoge, se podía hacer ya, argumenta el PP. Aunque un ex presidente del Parlament y del Govern como Cristòfol Soler (ahora en el ámbito independentista) nunca lo hubiera hecho.