El Govern anuncia que revisará los criterios aprobados para exigir a los empresarios la devolución de las ayudas que recibieron durante la COVID y que no han podido justificar adecuadamente y analizará la petición de devolución «caso por caso». El Ejecutivo ya ha empezado a reclamar a algunos empresarios que devuelvan las subvenciones públicas que cobraron durante la pandemia. Se basa en una norma aprobada por el anterior Govern de acuerdo con una instrucción dictada por Iago Negueruela, que entonces era conseller de Model Econòmic.
De acuerdo con esta instrucción, numerosos empresarios de las Islas han comenzado a recibir requerimientos en los que en primera instancia se les exigía que justificaran las ayudas y a continuación, la devolución del dinero cobrado de forma indebida.
Esta exigencia del Govern ha provocado una enorme alarma entre los auditores de la Comunitat, que son en su mayoría quienes gestionaron las ayudas, pero sobre todo entre los empresarios a quienes ahora se les conmina a que devuelvan las subvenciones recibidas. Los nuevos responsables del Ejecutivo quieren tranquilizar a los empresarios, pero a la par insisten en que deben preservar la seguridad jurídica.
Los responsables del Govern aseguran que esta semana se reunirán con los auditores para estudiar conjuntamente la situación y «revisar» los criterios aprobados para dar la «máxima seguridad» a todos, anuncia un portavoz del Ejecutivo.
Revisar «caso por caso»
Según este portavoz, el Govern revisará «caso por caso» las ayudas para no perjudicar a los propietarios de las empresas que recibieron las subvenciones, pero también para garantizar que no se produjeron abusos ni hubo triquiñuelas para cobrar más dinero del que correspondía. Insiste en que los técnicos están haciendo el trabajo que les corresponde en cumplimiento de la instrucción que aprobó Iago Negueruela. Ahora están dispuestos a revisar los criterios, pero siempre desde el cumplimiento de la legalidad, avisan.
Los auditores de Balears enviaron hace unas semanas una dura carta al Govern cuando comenzaron a llegar las peticiones de devolución de las ayudas, pero desde el Ejecutivo se reafirman en que hay que cumplir la legalidad sin generar alarma.
De hecho, ya ha habido resoluciones del Tribunal de Cuentas que han obligado a la devolución de importes millonarios que cobraron autónomos en el marco de las ayudas COVID. La Sindicatura de Comptes ha anunciado que este año hará un control de legalidad del pago de los 855 millones que para el Gobierno para compensar a las empresas por las pérdidas durante la pandemia. La recepción de las ayudas por parte de los empresarios era prácticamente automática y Balears y Canarias fueron las dos comunidades que cumplieron en un mayor grado las subvenciones.
11.000 beneficiarios
En el caso de Baleares, se concedieron el 100 % de estos 855 millones de euros entre más de 11.000 empresarios que las solicitaron. Sin embargo, después debía hacerse un control para verificar si se cumplieron todos los controles y si los empresarios justificaron todas las ayudas.
En su plan de actuación para el año 2024, la Sindicatura informa al Govern de que hará este control y detalla en el documento que ya en 2023 se han hecho actuaciones dirigidas a documentar los sistemas de control. Añade que, en una primera muestra de 289 expedientes ha sido necesario solicitar información adicional ante las dudas que presentan muchos de ellos.
Uno de los problemas que se ha encontrado es si los grandes grupos empresariales podían acogerse a la subvención por cada uno de sus establecimientos o por una ayuda global conjunta para todo el grupo. También ha comprobado que hay ayudas por valor de unos 5 millones de euros que se rechazaron nada más recibirse ante los problemas para justificarlas.
El apunte
Los auditores, en guerra contra el Ejecutivo
Los auditores de las Islas enviaron hace unas semanas una dura carta al conseller d’Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, en la que mostraban su malestar por y «asombro» por la manera de interpretar y fiscalizar las ayudas y las justificaciones de los empresarios «obviando consensos alcanzados por todos los órganos que participamos en las elaboración de dicha orden».
Los auditores plantean en su carta una serie de actuaciones, que son las que se analizaran en la reunión prevista con el Govern esta semana, e insisten en que su voluntad es colaborar al máximo con el Ejecutivo para eliminar al máximo «la inseguridad jurídica» que se ha generado desde junio, mes en el que comenzó el envío de los primeros requerimientos a los perceptores de las subvenciones.
Aseguran también que el órgano que concede las ayudas está realizando en estos momentos una segunda fiscalización «de una manera indiscriminada» y con un alcance «sobredimensionado» de algo que ya han verificado previamente los propios auditores.