«El coste institucional del caso Penalva y Subirán ha sido grande»

El año que ha acabado ha sido uno de los más duros para la justicia mallorquina, con el varapalo histórico a Penalva y Subirán y la pifia en el caso de Pau Rigo, el anciano que mató a un ladrón en su casa de Porreres. Un annus horribilis que Carlos Gómez aborda, entre otros temas, en esta extensa entrevista con Ultima Hora.

Sé que no le gusta el tema, pero la pregunta es obligada: El caso de Penalva y Subirán ha provocado un terremoto judicial.

—Sí, ha sido un caso muy difícil. Ahora está en manos del Tribunal Supremo porque han interpuesto recurso de casación no solo ellos, sino el Ministerio Fiscal y parte de las acusaciones. Yo creo que ha sido un caso con un coste institucional grande y en realidad con muy pocos beneficios sociales. La sociedad como tal no ha obtenido beneficios de este caso. Pondría como ejemplo la lucha contra la corrupción, que es impresionante todo lo que se ha realizado. Esto nos ha hecho, creo yo, una sociedad un poco mejor, en el sentido de que se controlan más los fondos públicos y hay más mecanismos. En cambio, el caso de Penalva y Subirán no creo que nos haya producido ningún beneficio como sociedad.

El golpe a la imagen judicial ha sido tremendo.

—Sí, sí. Creo, y esto lo digo sinceramente, que se tiene que hacer por parte de todos, y también de los medios de comunicación, un esfuerzo por respetar el principio de la presunción de inocencia y no dar las cosas por hechas cuando todo depende de un juicio. Porque todos sabemos que después no sabemos cómo acabará el juicio y unas cosas se pueden probar y otras no. Esa es la labor de los jueces. Yo lo entiendo, los procesos duran mucho, demasiado. Y eso se presta a que se den versiones distintas e interpretaciones, y es algo que no beneficia a la Justicia. Hemos de hacer un esfuerzo, y nos irá mejor a todos, por respetar la presunción de inocencia.

Vaya año 2023. La pifia judicial en el caso de Pau Rigo ha hecho también mucho daño.

—Curiosamente, esto se produce en un caso donde la decisión no depende del juez sino del jurado popular. Es decir, aquí, digamos, quien decidió sobre el asunto fue el jurado, pero decidió de una manera defectuosa que, efectivamente, después la jueza no vio, no lo supo identificar. Ahora se ha dictado una sentencia, que ha sido objeto de un recurso de apelación, que tendremos que resolver cuando nos llegue a la Sala de lo Civil y Penal del TSJB. Que hubo un defecto formal, sí, de acuerdo. Pero por lo que he explicado, prefiero no hacer ahora más comentarios de momento.

En la época de Ángel Reigosa, Antonio de Vicente Tutor o Elicio Ámez la relación con los mandos policiales era más cercana.

—Bueno, yo personalmente pienso que no. Lo que pasa es que yo creo que es importante que los ciudadanos vean que cada uno tenemos una función distinta. Los jueces hemos de hacer ver que tenemos un papel independiente también de la policía. En este país no hay una policía que dependa del juez, la gente lo tiene que saber. La Policía Judicial depende orgánicamente de su superior y funcionalmente de los jueces.

¿Entonces se llevan bien?

—Personalmente creo que las relaciones son muy correctas. Es importante también que se vea que los jueces no son la Fiscalía, o la abogacía. En la Justicia cada cual tiene un rol distinto y es importante que se perciba que no hacemos todos lo mismo.

¿La Justicia balear tiene graves carencias?

—Tenemos muchísimas carencias. Es una cosa terrible, solo le pondré un ejemplo, en diez años se jubilará un tercio de la carrera judicial y yo no veo que nadie tome ninguna medida para abordar esta cuestión.

Y formar a un juez lleva tiempo.

—Desde luego. Es algo que no se hace en un año. Requiere unos años de preparación, pasar unas oposiciones, una formación en la escuela judicial. En Balears, el año que viene, se crearán dos nuevas plazas de juez. Pero según nuestra memoria necesitamos 21.

¿La Ciudad de la Justicia que quieren construir será la panacea?

—Yo solo tengo una información parcial. Sé que había una intención del Ministerio de comprar un solar. Sé que pasó a Hacienda y está pendiente de la aprobación de los gastos por parte del Ministerio de Hacienda. Al final, no sé si lo han aprobado o no. O si esa partida sigue en vigor.

¿Pero sería la solución a sus problemas?

—La solución, más que una una Ciudad de la Justicia, es un edificio judicial. Nosotros no renunciaríamos a la Audiencia, ni a sa Gerreria. Allí pondríamos órganos de competencia penal, porque el solar elegido tiene buenas condiciones: cerca de la vía de cintura, delante la prisión (con lo que las conducciones de presos serían más fáciles), y además son 60.000 metros cuadrados edificables, que creo que en Palma no hay otro solar igual. En cualquier caso, sinceramente me gusta hablar más de edificio judicial porque el concepto de Ciudad de la Justicia creo que es más de finales del siglo XX. Ahora todos están conectados por expedientes electrónicos.

Usted forma parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Lo que hace Netanyahu en Gaza ¿es un crimen contra la humanidad?

—Tiene aspectos de crimen contra la humanidad. El hecho de confinar una población, privarles de agua, de alimentos, esto es algo que va directamente contra la población civil y eso sí que puede tener un carácter de genocidio, porque obedece a la intención de castigar directamente a la población civil.

¿No es un daño colateral?

—No, no es un efecto colateral de la acción armada. Y por eso puede tener connotaciones de genocidio.

Perdone la pregunta, dado su cargo internacional: ¿La ONU sirve para algo?

—La ONU tiene distintos ejes: la paz en el mundo, los derechos humanos y el desarrollo económico. Los tres están estrechamente vinculados. En cuanto a la paz en el mundo, es un tema eminentemente político. Y los miembros fundadores (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia) más China tienen derecho a veto. Por tanto, ante su pregunta le diré que la ONU es necesaria pero mejorable.

¿Ese privilegio para los cinco grandes es injusto?

—Yo creo que sí, se tendría que revisar. La experiencia demuestra que se utiliza el derecho al veto para defender intereses del Estado en concreto, más que para conseguir la paz.

Como experto en Derechos Humanos ¿tiene consecuencias reales que Putin sea acusado de crímenes contra la humanidad?

—Putin ya ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por un hecho concreto: a los niños de las zonas ocupadas de Ucrania los trasladó forzosamente dentro de territorio ruso. Y tiene una orden de busca y captura. De manera que si él fuera a un país que tiene reconocida la autoridad del Tribunal Penal Internacional lo podrían detener. Pero no todos los países del mundo han reconocido la autoridad de este tribunal. Ni tampoco Estados Unidos o China.

¿Estados Unidos siempre va por libre?

—Estados Unidos tiene muchísimos problemas de derechos humanos, que a lo mejor nosotros ni nos imaginaríamos. Pero tiene una riqueza de la sociedad civil, que son capaces de llevarlos al comité, porque tienen muchas ONG. Y nos llegan testimonios muy impactantes, como el de un hombre que se pasó 18 años en aislamiento en prisión. Nos contaba que lo difícil fue no enloquecer.

Una curiosidad para acabar: ¿para lidiar con esos asuntos internacionales en Ginebra su inglés debe ser fabuloso?

—Bueno, hablo el inglés y el francés bastante bien. Pero le diré una cosa: siempre que puedo uso el español. El multilingüismo es un valor. Cuando yo hablo en español me traduce un intérprete.