La Fiscalía y la acusación particular mantiene peticiones de dos años de cárcel y de 17, respectivamente, para el presidente de una comunidad de propietarios de lujo de Santa Ponça. El juicio quedó este jueves visto para sentencia después de cuatro sesiones, salpicadas a la largo del mes, especialmente densas por las dificultades con la traducción de muchos de los testigos, de origen británico.
Aunque un buen número de vecinos desde el Reino Unido respaldaron la gestión del presidente, otros testigos respaldaron las sospechas. El acusado justificó que informó en las juntas de propietarios de que se contrataban empresas suyas para llevar a cabo obras y dar servicios a la comunidad. «Me dijeron que mientras se hiciera bien el trabajo y el precio fuera razonable, no habría problema».
Para la acusación particular buena parte de esos trabajos tenían precios inflados o bien eran innecesarios para la comunidad. Los sucesores en la presidencia consideran que el principal acusado dejó un agujero de cerca de 150.000 euros con su gestión y que se benefició de ella. La acusación particular y la Fiscalía coinciden en un contrato de seguridad que el acusado concertó con una empresa de su titularidad y que suponía cerca de 80.000 euros a pesar de que fue rechazado en una ocasión por los propietarios. Por esa adjudicación está también acusada una segunda persona que era la que antes prestaba ese servicio. El presidente de la comunidad intentó justificar que era necesario ampliar el número de personas que vigilaban la finca ante una serie de robos que se habían detectado en la propiedad.