«Es el pago de una deuda histórica demasiado atrasado en el tiempo», ha afirmado la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras la firma, este martes, del convenio de 62,3 millones de euros con el Consell de Mallorca para invertirlos desde este año y hasta 2031. Se trata una partida correspondiente al dinero que el Ejecutivo tenía pendiente de pagar a la institución insular en concepto del sistema de financiación.
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha explicado que este dinero se distribuirá de la siguiente manera: 11 millones para el 2023, 6,4 millones por año entre 2024 y 2030 y los 6,5 millones restantes para el año 2031. Asimismo, ha detallado que los 11 millones de euros se destinarán para a la empresa concesionaria de la institución insular, Tirme, que cobra a los ayuntamientos por gestionar la quema del rechazo que generan, para evitar que la tarifa de residuos de 2024 suba y quede «congelada» en los 114 euros por tonelada. En total, el Consell abonará 43 millones, una cifra que la oposición ha criticado al considerar que responde a una nula capacidad de negociación del gobierno insular con la concesionaria.
Para finalizar, Galmés ha resaltado que, «a diferencia de otras legislaturas, donde los anticipos fueron motivo de enfrentamiento entre el Govern y la institución insular, en esta etapa nueva se puede decir alto y claro que el Consell y el Govern van de la mano para trabajar en beneficio de los ciudadanos de esta tierra».
Un largo proceso
A pesar de que no se mencionara en la rueda de prensa, la firma se sustenta en un largo procedimiento que, precisamente, se desarrolló a lo largo de las dos últimas legislaturas de Pacte. En 2017 se cifró una deuda del Govern con el Consell de 123,8 millones que se fue pagando a cuentagotas hasta el fin de la pasada legislatura. Aun así, todavía quedaban por abonar los últimos 62,3 millones de euros anunciados ayer, que liquidan de golpe el dinero que se le debía. Es más, el gobierno del PP de José Ramón Bauzá se enfrentó directamente con el de Maria Salom, del mismo partido, por dejar de pagar las partidas anuales que le debía a la institución insular, que sumaban más de 100 millones.
En la firma del convenio también han estado el conseller d'Economia, Antoni Costa, y la consellera insular d'Hisenda y Funció Pública, Pilar Bonet.