Unos 7.000 estudiantes de Formación Profesional (FP) de Baleares están afectados por la medida del Gobierno por la cual, a partir de enero, todo alumno en prácticas debe de estar dado de alta en la Seguridad Social para empezar a cotizar. La cifra, facilitada por la Conselleria d'Educació, se eleva a cientos de miles de estudiantes en el resto de España que en estos momentos tienen sus convenios de prácticas de trabajo en el aire.
Sin embargo, ante los temores que ha despertado esta situación en toda España, el director del Centre Integrat de Formació Professional Juníper Serra de Palma, Manel Aragonés, asegura que la Conselleria les comunicó que se encargarían de toda la gestión. «Es un cambio importante y estamos asustados, pero nos dijeron que ellos lo harían todo. Por eso, hace un mes ya consultaron a los centros la previsión que tenían del número de alumnos que deben de hacer prácticas», explica el director, que en su centro tienen 17 estudiantes afectados.
Además, Aragonés comenta que todavía faltan por ultimar detalles sobre cómo gestionar la situación de los alumnos que cobran paro. Se trata de un perfil muy concreto, sobre todo adultos, que tras quedar desempleados han decidido estudiar. El docente recuerda que la obligatoriedad para inscribirse en la Seguridad Social despertó el temor de que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, rechazaran firmar contratos, pero al encargarse de todo el Govern cree que no habrá problemas. De hecho, el coste está bonificado al 95 % y el 5 % restante lo cubrirá el Gobierno durante el 2024. Las compañías más grandes se mostraron a favor.
Para ganar tiempo, el conseller d'Educació, Antoni Vera, pidió el miércoles al Ministerio de Educación y Formación Profesional la prórroga indefinida de la cotización de los alumnos en prácticas. Lo hizo en la primera Conferencia Sectorial de Educación de esta legislatura, donde reclamó que la moratoria se aplique hasta que se convoquen los comités técnicos pertinentes para resolver las cuestiones pendientes antes del 1 de enero de 2024, cuando entra en vigor la medida. Muchas comunidades pidieron lo mismo.
Vera también comentó que muchos estudiantes de las Islas «ya perciben la prestación del paro por ser fijos discontinuos», lo que dificulta la gestión, y cree que es necesario establecer una moratoria indefinida.