Cort ya sabía en 2009 que el policía detenido alquilaba infraviviendas

Desde hace 14 años el Ajuntament de Palma tiene conocimiento de que el policía local detenido por alquilar infraviviendas a inmigrantes en situación ilegal se dedicaba a esa actividad. En 2009, la entonces alcaldesa de Palma, Aina Calvo, encargó al detective Carlos Valencia una investigación hasta entonces inédita para espiar a policías y mandos del cuartel de San Fernando, que estaban de baja y supuestamente tenían un segundo trabajo.

Según ha podido saber Ultima Hora, la investigación costó 30.000 euros. El jefe del cuartel, en aquellos momentos, era el comisario Nicolás Herrero, y entre los nombres de los policías apareció el ahora detenido. Entre otras cosas, se descubrió que alquilaba trasteros y sótanos indignos a extranjeros sin papeles, y toda la información fue entregada a Cort.

Coste

Cada seguimiento profesional de un policía costó a las arcas municipales entre 2.000 y 3.000 euros y los informes elaborados incluyeron fotografías, grabaciones de vídeo en formato digital, resúmenes de patrimonio y extractos de sociedades o contratos privados donde pueden aparecer policías locales contratados o regentando negocios. Las fuentes municipales consultadas insistieron en que los trabajos eran «muy serios y documentados» y que eran pruebas «irrefutables» contra los agentes que habían cometido un fraude laboral.

La operación se inició en febrero de aquel año por Cort y fue la única de estas características por cuanto se contrataron a detectives privados para espiar a policías, algo inédito en la política municipal. Sólo en 2009, el Ajuntament abrió unos 80 expedientes a policías locales relacionados, en muchos casos, con bajas laborales de larga duración. La medida adoptada por Aina Calvo de contratar a investigadores privados sí se había producido ya en la Península -y también en Canarias-, donde los ayuntamientos recurren a detectives para seguir a sus agentes sospechosos de corrupción. En Palma, en una determinada unidad de la Policía Local, los mandos detectaron que algunos funcionarios que cobraban un plus de más de 350 euros se daban de baja de manera más o menos reincidente, por diversos motivos. La sospecha de que se podía tratar de un fraude saltó cuando se confirmó que casi todos ellos regresaban a la unidad antes de que se cumpliera el plazo por el cual perdían la bonificación económica. Después, muchos volvían a coger la baja. Y de nuevo regresaban en el mismo período.

El absentismo policial en San Fernando era, en casos concretos, escandaloso, y Aina Calvo decidió que era necesario una investigación en profundidad. Y sobre todo discreta, que garantizara los resultados. Los máximos responsables políticos y policiales del Cuerpo fueron puestos al corriente de lo que se estaba planificando y la siguiente fase fue contactar con los detectives privados que debían llevar a cabo los seguimientos secretos. Cuando todo el operativo estuvo ultimado, se fijaron «los objetivos», es decir, se repartieron los nombres de los policías locales que estaban de baja laboral, por distintos motivos, y que supuestamente estaban llevando a cabo un segundo trabajo sin autorización. En este sentido, la Ley de Incompatibilidades prohíbe de forma tajante que los agentes de la Policía Local de Palma tengan un «actividad laboral paralela» a la propia.

Uno de los protagonistas de aquel sumario fue el policía local ahora detenido, y cuyo caso ha supuesto un auténtico escándalo porque acumula 73 infraviviendas y obtiene unos elevadísimos beneficios alquilándolas a familias vulnerables. Sin embargo, la investigación de Aina Calvo de 2009 no se tradujo en expedientes generalizados contra los implicados, lo que causó una gran polémica en la época. Algunos apuntaron a que se habían recibido «grandes presiones» para que no se sancionara a todos los implicados en el escándalo.