La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha criticado este miércoles la directiva europea que obligará a los armadores que realicen movimientos de mercancías entre Mallorca y el continente a abonar parte de los derechos de emisión del CO2 que emitan los barcos.
En un comunicado, la patronal de transportistas considera discriminatorio que esta nueva regulación vaya a entrar en vigor para Mallorca el 1 de enero de 2024 pero contemple exenciones hasta 2030 para las regiones ultraperiféricas y para islas de menos de 200.000 habitantes, lo que favorecerá a Ibiza y Menorca.
El presidente de la FEBT, Ezequiel Horrach, ha expresado su preocupación porque la directiva encarecerá al usuario final de Mallorca el transporte por vía marítima con origen o con destino a la isla. «Los portes que deberá asumir el usuario final, bien se trate de empresas o particulares, sufrirán además un incremento notable de forma progresiva hasta 2026, año en el que las navieras deberán abonar este recargo por el 100 % de las emisiones declaradas, repercutiendo negativamente en la competitividad de la isla», ha remarcado la asociación empresarial.
Horrach, que se reunió recientemente con la presidenta del Govern, Marga Prohens, le pidió que gestione ante el Gobierno central y la Unión Europea que se aplique a Mallorca las mismas condiciones que al resto del archipiélago.