«El 96 % de los ciudadanos de Baleares tiene teléfono móvil y un 87 % son smartphones. Un 26 % de los ciudadanos tiene dos móviles lo que nos convierte en el país con más teléfonos móviles por habitante. Dedicamos unas 4,8 horas al día de media por persona a emplear el teléfono lo que supone un tercio del tiempo que pasamos despiertos». Así arranca la Proposición no de Ley para una gestión óptima de los dispositivos móviles en los centros educativos que Maria Ramon (Mes per Mallorca) ha registrado en la comisión parlamentaria de Educació i Universitats para que sea debatida el jueves 30 de noviembre.
La iniciativa plantea que el Govern haga un estudio del uso de los dispositivos móviles entre el alumnado de las Islas y que ponga en marcha un plan piloto, de acuerdo con los centros educativos, para limitar el uso de los dispositivos móviles en las aulas minimizando sus efectos negativos y aprovechando los estrictamente pedagógicos. No en vano «el 90 % de los jóvenes y adolescentes tiene un smartphone y el 36,7 % de la población en la franja de edad de 12 a 17 años pasa más de seis horas al día. Uno de cada cinco jóvenes tiene adición a las pantallas», recuerda Ramon.
«El uso abusivo de las pantallas se refleja en el ámbito educativo y muestra relación directa con el absentismo escolar relacionado también con factores familiares, sociales y escolares», dice la propuesta que Mes llevara a la Comisión de Educación.
El texto repasa algunos de los problemas relacionados con el abuso de dispositivos móviles entre los jóvenes como el bajo rendimiento escolar, la ansiedad o el aumento de los casos de bullyng y ciberbullyng. También la facilidad de acceso a contenido sexual y al consumo de contenidos violentos.
«Actualmente tenemos un reto complejo que afrontar. En muchos países como Francia, Portugal e Italia, han comenzado a regular su uso y estados como Suecia han dado marcha atrás en los planes de digitalización de sus centros educativos y han optado por volver a los libros de texto tradicionales», dice Més.
Aunque reconoce que «la responsabilidad no es exclusiva de los centros educativos», Més defiende que poner límites y diseñar planes para evitar adicciones puede ser una «gran ayuda» que complementaría el trabajo en casa por parte de las familias que siguen estrategias como limitar el tiempo de conexión en función de la edad.
En el caso de Baleares ya existen centros que regulan, limitan o restringen el uso de dispositivos móviles en las aulas en el horario lectivo. En Barcelona, se ha impulsado el programa piloto Mòbil Zero, que ha reducido el 90 % de las incidencias en el aula. «Eso ha supuesto una mayor concentración del alumnado durante las horas de clase, sin ninguna distracción y durante el patio socializan más entre ellos», añade la propuesta.
La Proposición no de ley asegura que «hay estudios que demuestran que en las escuelas libres de móviles sube un 10 % el rendimiento escolar, favoreciendo la presencia el bienestar y las ganas de aprender».
El texto de los ecosoberanistas llega a la Comisión de Educación después de que un grupo de padres y madres de alumnos de Baleares se haya unido para frenar la tendencia de comprar el primer móvil a los hijos a una edad cada vez más temprana. La iniciativa ‘Adolescència sense Mòbil' cuenta ya con más de 2.200 miembros en Baleares y está representada en 30 centros educativos.