«No tenemos policías para comprobar casa por casa que nuestros vecinos tengan identificados, castrados y vacunados a todos sus gatos. Si los medios policiales que tenemos ya son insuficientes para las competencias que teníamos, hacer las comprobaciones que nos exige ahora la Ley de Bienestar Animal es imposible». Jaume Ferriol, alcalde de Maria de la Salut y presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) habla de la falta de medios económicos y de personal para asumir las nuevas responsabilidades que la ley otorga a los municipios.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural (a través de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), ha celebrado este martes a petición de la FELIB una reunión informativa con alcaldes, regidores y policías locales de Baleares para abordar de forma conjunta la aplicación de la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal que, entre otras cuestiones, obliga a los ayuntamientos a identificar, vacunar y castrar a todos los gatos callejeros.
Todos los animales que se encuentren sin identificar en la calle obtienen automáticamente la consideración de gatos comunitarios y deben trasladarse a las llamadas colonias felinas que durante años han funcionado gracias al trabajo no remunerado de voluntarios y asociaciones en la mayoría de municipios. Si los gatos de las colonias están castrados y no se producen cruces con gatos de particulares que salgan de las casas, la teoría hace pensar que las colonias acabarán extinguiéndose. Para que eso ocurra alguien debe vigilar que no se produzcan salidas de mascotas domésticas o como mínimo que todas las mascotas domésticas estén castradas. El problema, que trae de cabeza a los alcaldes, es que no tienen medios para realizar esas comprobaciones ni para financiar la identificación, vacunación, castración y control de todos los gatos callejeros.
«Lo que dice la ley es que el Ajuntament es el que tiene que encargarse de comprobar que los perros y gatos estén identificados, castrados, etc y nos aconsejan que sea la Policía Local quien haga ese control. En teoría si oye ladrar a un perro o maullar a un gato tiene que llamar a la puerta de la vivienda a pedir los papeles, eso sin una ayuda económica y de personal, con los medios que tenemos es totalmente imposible. Con el déficit de policías que tenemos si encima tienen que ir a perseguir perros y gatos… apaga y vamonos », avisa Ferriol.
El Govern ha presentado a los alcaldes de Baleares un calendario detallado de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de la nueva ley estatal que entró en vigor el 29 de septiembre cuyo reglamento aún está por desarrollar. El director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha incidido en la importancia de una buena coordinación entre el Govern y las diferentes administraciones públicas locales e insulares a la hora de aplicar de manera eficaz la nueva norma. A la vez ha hablado de «la necesidad de que cada una de las administraciones asuma la responsabilidad que la ley le confiere para que la coordinación sea efectiva», algo que los ayuntamientos ya avisan que no podrán hacer.
De la reunión de este martes sale el compromiso de crear una comisión de trabajo con Agricultura, Medio Natural, Son Reus, el Colegio de Veterinarios y Natura Parc que será la encargada de elevar consultas al Ministerio para ver si pueden encontrar una solución. El Colegio de Veterinarios realizará además a petición de los alcaldes, una guía orientativa para cumplir con las exigencias de la nueva normativa. Ferriol explica que «la idea es que la tengan lista y podamos vernos antes del puente». «Cada ayuntamiento tendrá que llegar a acuerdos con los veterinarios . Nos hemos ido muy preocupados. Al fin y al cabo es un tema de dinero y la misma ley dice que se tendrán que crear partidas para ayudar a los ayuntamientos porque nos dan una competencia más pero nos dicen que no saben cuándo saldrán las ayudas económicas».
«El Govern nos ha dicho que a final de marzo quiere tener el reglamento. En estos momentos somos los responsables de los animales pero sin tener financiación ni personal. En la reunión con el Govern hemos aclarado lo que tenemos que hacer, pero estamos aún más preocupados porque vemos que por un tema económico no lo podemos hacer», reflexiona el presidente de la FELIB. A priori los alcaldes y alcaldesas calculan que la partida que destinaban anualmente a la recogida y traslado de animales callejeros se podría multiplicar por diez. «Nos hemos vuelto locos», avisa.
El Govern ha colgado en el apartado de Servei i Benestar Animal de la web de Agricultura, un documento en el que ayuntamientos y particulares pueden consultar todos los textos relativos a la nueva Ley de Bienestar Animal de los que disponen en este momento. También ha realizado una guía con las preguntas y respuestas que más dudas generan y el calendario de aplicación.
El documento que trata de dar respuesta a las preguntas más frecuentes se ha preparado a partir de las numerosas consultas que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha recibido desde la entrada en vigor de la ley el pasado 29 de septiembre.