Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) tiene una amplísima trayectoria como político, abogado y escritor. Fue uno de los cofundadores de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y fue diputado del PCE e IU hasta 1993, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la izquierda en los primeros años de la democracia. Actualmente es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Visita Palma para inaugurar la exposición que conmemora el 50 aniversario del Proceso 1001 el juicio contra la cúpula de CCOO, en el que fue uno de los diez condenados por un Tribunal de Orden Público franquista. 20 años de cárcel, de los que cumplió seis hasta que fue indultado.
¿Qué se queda del 1001 medio siglo después?
Es parte de la historia de España y de la historia del movimiento obrero. Fue un juicio que marcó toda una época. Eran unas condenas tan brutales por actividades sindicales que eran legales en cualquier país que se le volvió en contra a la Dictadura, con un efecto boomerang. Querían acabar con CC.OO. no lo consiguieron y solo lograron una solidaridad muy potente.
¿Una forma de recordar que la Transición no fue hecha solo desde arriba?
Ese es el punto central, por qué se instala esa precepción. Se ha intentado vender la moto de que la Democracia fue una concesión de pactos por arriba, llegaron el Rey, Suárez, los líderes de los partidos y nos dieron la democracia. Eso no fue así. La democracia es una conquista. Significó años de luchas, de huelgas, de manifestaciones, de fusilamientos. Hubo una lucha imparable y la prueba de ello es que, cuando Franco muere sigue la represión igual con el gobierno de Arias Navarro y Fraga. La presión social y la movilización hace que el monarca comprende que ese gobierno pone en peligro la Corona y le quita.
Y medio siglo después vuelve la extrema derecha...
El fenómeno de la extrema derecha actual, que es un fenómeno europeo e incluso mundial viene por varios factores. Hemos visto Argentina ayer. Es una manifestación más que empieza con Trump, un intento de golpe en eeuu, lo hemos visto en Italia, Francia, en Alemania... En mi opinión un germen muy importante es el periodo ultraliberal que hubo como respuesta a la crisis de 2008. La gente se sintió desprotegida, machacada con la famosa austeridad. No se protegió a la gente. La ultraderecha es producto del ultraliberalismo. Cuando reduces la protección social hay tendencias de este tipo.
¿Hay más ingredientes?
La desindustrialización de territorios enteros provoca estos fenómenos. Un ministro de economía frances decía que cada vez que se cierra una fábrica se abre un local ultra. Luego está el fenómeno migratorio, utilizado demagógicamente ha contruibuido a ese discurso xenófobo. La desigualdad, la utilización del fenómeno migratorio, un nacionalismo radical... ese discurso también provoca nacionalismos contrarios y hemos llegado a eseta lucha entre nacionalismos en España.
A la vez, ¿se han debilitado los sindicatos?
Ha habido una fase, el debilitamiento de la afiliación, del movimiento sindical se debe a esto mismo. Ha habido sectores de trabajadores que se han visto desprotegidos por esa avalancha ultraliberal. Lo primero que se plantearon Tacher y Regan fue romperle la catenaria a los sindicatos, lo que hizo con los mineros y a partir de ahí debilitar a los sindicatos al máximo. Esa política ha debilitado a los sindicatos, la gente entra en una deriva superindividualista del sálvese quien pueda. Sin embargo, últimamente observo que los sindicatos se han ido fortaleciendo. La anterior legislatura, que ha sido muy positiva desde el punto de vista de los acuerdo sociales ha sido importantísima para el prestigio de los sindicatos y para que se fortalezcan.
¿Depende de esa agenda social el nuevo gobierno de Sánchez?
Es lo principal, sí. Las agendas sociales tienen que ir unidas a una agenda económica sólida y se ha hecho en estos cinco años. España está en mejor situación en cuanto inflacción, crecimiento o empleo que otros países. Tenemos una situación económica que ha estado a la cabeza de Europa. Eso ha permitido una política social más avanzada. Es fundamental cambio en las políticas en Europa: en 2008 es el austericidio y ahora son 140.000 millones a España con el Next Generation. Es un cambio fundamental. Si lo utilizan bien van a impulsar muchas cosas. El futuro del gobierno, que va a tener problemas gravísimos desde la oposición y otros sectores es fortalecer la economía y las políticas sociales. Si hay políticas sociales avanzadas como eliminar la pobreza infantil, impulsar los temas de ciencia y tecnología, si logra una agenda de este tipo, creo que este gobierno puede no solo aguantar sino durar la legislatura y este malestar en algunos sectores puede dar la vuelta.
¿Le ha sorprendido la virulencia de las protestas contra la amnistía?
No, porque venían ya antes con ataques furibundos. Cuando veo a una presidenta decir que vamos a una dictadura... es una exageración de tal calibre, que se rompe España... Más que defender la amnistía, que me parece bien, he atacado los argumentos en contra que, en mi opinión son todos falsos. Se han dado en muchos países europeos, que supone pedir perdón cuando las da quien tiene el poder y capacidad para hacerlo. No significa que no se haya delinquido sino que los efectos desaparecen, que no se lo crean los independentistas porque si lo hacen otra vez caerá la ley. En 1977 se dio una amnistía que amnistió a terroristas con delitos de sangre, a torturadores de la policía de entonces y no se dijo que podían seguir haciendo lo que habían hecho. Un poco de respeto a la gente.
Y aún se aplica, ¿no?
Sigue vigente, nunca se ha derogado. ¿Por qué no se metió en la Constitución la amnistía? No se metió porque AP no estaba de acuerdo con la amnistía y como había que sacarla con el máximo consenso, ni se mete ni se prohíbe. Si se hubiera querido prohibir, como con los indultos generales se habría incluido. Era absurdo cuando se había dado unos meses antes.Hay 25 sentencias del Constitucional que hablan de la amnistía de forma natural. Es uno de los modelos de derecho de gracia, tienen derecho a estar en contra. Decir que es inconstitucional... es inconstitucional lo que el tribunal dice.