Més per Mallorca ha solicitado formalmente al Consell de Mallorca que los inspectores del departamento de Cultura y Artesanía investiguen las supuestas reformas llevadas a cabo en la iglesia de Santa Eulàlia, la más antigua de la Isla y catalogada como BIC desde 1931. La petición del grupo parlamentario se ha realizado a raíz de la publicación de este diario el pasado domingo 5 de noviembre en la que advertía de que la parroquia alquilaba por 1.000 euros lo que hasta ahora era la antigua rectoría, en desuso desde hace años.
La noticia publicada por Última Hora apuntaba que, según la versión de diferentes vecinos, la antigua rectoría, ubicada en el interior de este edificio protegido, ha sido sometida a una reforma a conciencia, aunque el Bisbat de Mallorca ha contradicho estas afirmaciones asegurando que solo se ha vaciado la antigua rectoría de muebles inservibles y se ha acondicionado para los nuevos inquilinos, con una mano de pintura y electrodomésticos nuevos. Por lo tanto no se habría cometido ninguna ilegalidad.
Joan Llodrà, consejero de Més y miembro de la comisión de Patrimonio, ha apuntado que «nuestra petición solo responde al interés de esclarecer una situación. Queremos saber si se ha infringido la legislación vigente y de ser así que se actúe en consecuencia. Nuestra obligación es velar por el interés general y en este caso concreto defender el patrimonio de Mallorca. Nos preocupa que un bien catalogado haya sido modificado, alterado o transformado para convertirse en un bien de especulación».
Para llevar a cabo cualquier transformación de este espacio, tendría que haber pasado por toda una serie de requisitos y trámites ya que al ser un inmueble catalogado, cualquier reforma tendría que pasar por la Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico del Consell Insular de Mallorca, posteriormente a la Comisión Política y también por la Comisión de Centro Histórico del Ajuntament de Palma. Según los expertos consultados, no se tiene constancia de que haya pasado por ninguno de estos trámites.
En este sentido, el ecosoberanista ha querido hacer hincapié en que «no podemos olvidar dos aspectos fundamentales. Por un lado, las dificultades que tienen miles de personas para acceder a una vivienda, y por otra, que el Bisbat de Mallorca tiene en vigor diferentes convenios con el Consell para mantener el patrimonio. De confirmarse la noticia publicada por Última Hora, que ahora es una sospecha sería un escándalo», ha finalizado Llodrà.