«Ten cuidado, porque yo voy a volver. Ten cuidado con lo que dices, ¿vale? Venga, hasta luego». Este audio de WhatsApp es una de las pruebas aportadas por un trabajadora de limpieza de la Jefatura de la Policía Nacional en Palma para acreditar las amenazas de su jefa directa para que acudiera a limpiar su casa en horario laboral. El TSJIB ha validado el despido disciplinario que la empresa concesionaria de la limpieza había ejecutado de forma fulminante.
La encargada había trabajado con varias empresas de limpieza en contratos con la administración pública, primero en instalaciones del Ejército del Aire y más tarde la empresa que se había subrogado su último empleo la trasladó a la Jefatura, donde tenía a su cargo a 18 empleados. En diciembre de 2021 la empresa decidió su despido. Durante cerca de un año, la encargada había ordenado a una de las trabajadoras a su cargo que fuera a su casa a limpiar en horario laboral. Varios audios de whatsApp que fueron entregados por esta empleada acreditaban lo ocurrido: «Te he dejado las llaves donde siempre, en el jarrón. Orea. En casa aspiras el sofá bien. Repasa un poco la cocina. No hay que cambiar sábanas ni nada, solo hacer la cama porque me he ido a las seis de la mañana. No me llames porque estoy con el jefe de personal», dice en uno de ellos.
Otros de los mensajes acreditan, según la sentencia del TSJIB, las amenazas: «Vas muy mal, lo digo por tu bien, porque luego hay malos entendidos» o instrucciones para callar: «Ten cuidado con lo que hablas en recepción».
Después de que un juzgado de lo Social descartara el recurso de la jefa por su despido, en el TSJIB no negaba la conducta que lo motivó. La causa del despido es que su representación daba prioridad a una demanda que la propia coordinador había interpuesto contra la empresa. Antes de ser despedida había pedido la extinción del contrato por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo por ser cambiada de un cuartel militar a la policía. El TSJIB admite que fue así pero descarta que deba admitirse esa petición porque el cambio no produjo una «real afectación de la dignidad personal».