Una madre y su hijo han sido condenados a nueve meses de cárcel por dejar al resto de vecinos de su finca sin piscina durante cuatro años. La Audiencia Provincial confirma el fallo que les impone una pena de prisión por un delito de coacciones. Ambos construyeron un muro que impedía al resto de los propietarios del inmueble, situado en Palma, acceder a la zona común en la que estaba la piscina.
La acusada residía en el edificio desde el año 1997. Se trata de una finca pequeña, dividida en cuatro partes: tres son viviendas y la cuarta, común para todos los propietarios, consiste en una zona ajardinada de 120 metros cuadrados en la que está construida la piscina. Durante dos décadas el uso de la instalación acuática fue común y todos los propietarios pudieron acceder con normalidad. Sin embargo, ese año, la madre y su hijo colocaron un muro y una puerta metálica que impedía pasar al resto de vecinos. De esta manera hicieron suya en exclusiva la zona del jardín y la piscina.
Según consideran demostradas dos sentencias, la comunidad de propietarios advirtió en varias ocasiones a la mujer, dueña de la vivienda de que debía dejar el paso libre. Llegaron a avisar a la Policía Local y dos agentes también intentaron mediar, sin éxito. Ambos declararon en el juicio que vieron cómo se cerraba la finca.
En el juicio, la madre y su hijo dieron versiones un tanto contradictorias. Primero aludieron a que construyeron el muro como protección tras un robo y también que ignoraban que existiera ningún impedimento para el cierre dado que la piscina es adyacente a su propiedad. La Audiencia defiende la condena impuesta por un juzgado de lo Penal y señala: «Ambos acusados han cometido un delito.
La condena de prisión incluye el pago de una indemnización de 24.000 euros a los otros propietarios por los seis años al menos que estuvieron sin poder acceder a la piscina. A esta cuantía se suman otros mil euros de penalización por cada mes veraniego que se mantenga la barrera.
El apunte
La comunidad también intentó desahuciarles
La comunidad de propietarios también intentó un procedimiento de desahucio para recuperar el dominio de la zona de la piscina. Los dos condenados consideraban que el asunto quedaba fuera de la jurisdicción penal y que no llegaba a ser un delito. La Audiencia y el juzgado de lo Penal discrepan y consideran que encaja en el tipo de coacciones.