«Tengo dolor las 24 horas. No se va nunca. Apenas puedo caminar y, en casa, me he caído varias veces. He pedido la incapacidad parcial y me la han denegado». Eugenio Cerrato, de 44 años, tiene una discapacidad del 33 %, con un grado uno de dependencia y desde hace poco le dieron un collar del servicio de teleasistencia de la Cruz Roja. Vive en un quinto sin ascensor y tiene depresión. Toma numerosas pastillas, como Fentanilo (25mg).
Su odisea entre tantos hospitales comenzó en 2018, tras una caída en la entrada de su trabajo. Se sometió a una operación de lumbar fallida. Ha estado varios años de baja y, después de su última operación en 2022, se le paralizó una pierna.
Hace unos días, Eugenio inició una campaña en la página 'Change.org' con la que lleva más de 600 firmas recogidas. Con ellas, quiere acudir a Inspección Médica del IB-Salut para que sea atendido y que le estudien de nuevo para pedir la baja. No obstante, el próximo mes de febrero tiene un juicio pendiente con el IB-Salut y en marzo, con la Seguridad Social.
«No puedo más. La Seguridad Social derivó en dos ocasiones mi petición para el Servei de Salut, que era que me desbloqueasen la baja, pero alegaron que tras valorarlo, no hay indicios de empeoramiento ni otras patologías para precisar la baja. Y me la denegaron sin haberme visto», explica Eugenio en el texto publicado. En total, ha solicitado estas visitas unas seis veces y, dice, «no responden, ni a visitarme ni a darme información».
Operaciones
Después de caerse en 2018, comenta que en 2019 sufrió un accidente de coche, que le dejó medio cuerpo con parálisis y ocho meses en silla de ruedas. Tuvo que pasar por el proceso de rizolisis (una técnica realizada en los nervios de las articulaciones de la columna vertebral). Le dieron la baja médica desde agosto de 2018 a febrero de 2020. Ese año se incorporó a trabajar, en la empresa TUI, de la que solo tiene palabras de agradecimiento: «A pesar de volver a mi rutina, seguía con dolores insoportables. En diciembre de ese año me volvieron a operar», agrega.
Volvió a la empresa en 2021, pero a los cinco meses recayó por sobreesfuerzo. Así, tuvo que regresar a quirófano un año después pero el dolor no le cesó. Intuye Eugenio que es debido a la rizolisis de 2019. Pero por fin recibió un diagnóstico: sensibilización central con síndrome de dolo espinal. Este sin fin de situaciones le han dejado en casa, con una baja temporal, de 2021 a abril de 2023.
Pero desde este último mes está luchando por conseguir la incapacidad temporal: «Yo quiero trabajar, no me veo todo el día en casa sin hacer nada, y de hecho, estoy esperando desde hace meses el teletrabajo, pero mi situación física es complicada». A pesar de su deseo, Eugenio también es consciente que son numerosas las veces que ha faltado al trabajo por el dolor, o que se tiene que marchar en mitad de su jornada.
En 'Change.org' ha compartido documentos, su lista de pastillas diarias y varios informes médicos para justificar que sí es apto para tener una incapacidad parcial. Eugenio tiene la mano derecha escayolada porque se cayó y se rompió el túnel carpiano. Está esperando una nueva operación. «Ahora mismo, no puedo hacer nada», reitera. Dice que ha movido cielo y tierra para que su situación cambie pero «no me escuchan, no me quieren reconocer y no hay ayudas por ningún lado. He acudido al Defensor del Pueblo, a la Delegación del Gobierno, a todos lados. Y me deniegan todo tipo de bajas», sostiene.
Eugenio se siente «decepcionado, desatendido y con falta de apoyo de Salut. La Administración no escucha a nadie. Tantas reclamaciones que ha interpuesto mi mujer y mi madre y nada. Solo pido una solución, y trabajar quiero, pero no puedo como me gustaría».
Va a diario con un bastón. En la calle, como arrastra las piernas al caminar, prefiere ir en silla de ruedas. Este hombre, que vive en palma, lamenta que «esta situación que vivo me ha hecho pensar en que no quiero estar más aquí, pero lo hago por mi hija». Pero Eugenio tiene claro que no parará hasta que le escuchen. Preguntado por si tiene pensado una alternativa, asegura que si llegara el caso «tendría que vender mi casa, dejar de trabajar –es decir, irse de su empresa– y tirar como pueda de los ahorros».