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El Govern niega contactos con fondos privados y descarta reuniones

El portavoz, Antoni Costa, dice que la consellera d'Habitatge recibió muchas llamadas antes de serlo porque su posible nombramiento apareció en prensa

Los consellers Marta Vidal y Antoni Costa. | Pilar Pellicer

| Palma |

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha admitido este viernes que la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, fue contactada por numerosas personas antes de ostentar el cargo porque el 30 de julio se publicó en prensa que su nombre sonaba para ocupar este puesto. Uno de los que la llamaron fue un responsable del fondo privado AEW, interesado en la compra de los 88 pisos de Metrovacesa impulsada por el anterior Ejecutivo para destinarlos al alquiler para jóvenes. Sin embargo, desconocen cómo consiguió el contacto de Vidal, aunque Costa ha dejado claro que no se reunirán con el fondo.

«Como consecuencia de esa publicación, la ahora consellera recibió multitud de llamadas pidiéndole reuniones», ha dicho el portavoz, que ha aclarado que Vidal respondió lo mismo a todos: que se pusieran en contacto mediante un correo electrónico con la Conselleria d'Habitatge para solicitar una cita con el futuro responsable del departamento una vez se hubiera constituido el nuevo Govern.

«Esta persona pidió una cita que se debía producir la semana que viene, pero no habrá ninguna reunión con esta persona representante del fondo porque no es parte interesada en cuestiones que afecten al expediente administrativo», ha afirmado este viernes el portavoz del Govern.

Por otra parte, Costa ha dejado claro que no seguirán adelante con el proceso de compra de estos pisos porque carece de informe jurídico técnico, motivo por el cual han entregado el expediente al Ministerio Fiscal. «No estamos dispuestos a asumir un sobrecoste de 10 millones de euros porque es un prejuicio para la ciudadanía», ha apuntado el portavoz.

Un informe determina este sobreprecio en el caso de que las viviendas se destinaran a la compra, pero otro hecho por el mismo técnico resuelve que no existe este quebranto si los pisos se destinan al alquiler, que era la opción del anterior Ejecutivo. «Las pérdidas sería más pequeñas, de unos 500.000 euros, pero este informe no incluye el IVA y las rehabilitaciones necesarias para adaptar estos pisos», ha señalado Costa, porque defienden que hay otras maneras más económicas de solucionar el problema del acceso a la vivienda.

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