El Govern lleva ante la Fiscalía la operación de compra a Metrovacesa de 88 pisos en la zona de Nou Llevant que promovió el anterior Ejecutivo. El nuevo Govern ha decidido entregar todo el expediente al Ministerio Fiscal al entender que hay cuestiones que no están claras. Se basa, sobre todo, en un informe de un técnico del Ibavi que certifica que la operación generaría unas pérdidas de 5,8 millones si el Govern vendiera los pisos ya que estaría obligado a venderlos a un precio máximo de 2.690 euros el metro cuadrado, el precio fijado para las VPO, cuando los estaba comprando a 3.709 euros, un sobreprecio de un 40 %, según la consellera Marta Vidal.
El técnico dice que el precio es inferior a la media de venta de la zona, pero añade que no resulta, «como es obvio, lo suficientemente bajo para que resulte económicamente positiva la conversión de la promoción en VPO». Otro informe detalla que, en caso de destinarlos al alquiler, la pérdida global sería de 573.735 euros en 50 años de vigencia del contrato. «No tiene un resultado favorable en términos puramente económicos pero su incidencia en pérdidas parece bastante limitada en relación a la importancia de la operación», dice. El Govern ya comunicó que los pisos serían para alquiler.
Estos dos informes pueden ser claves para que la Fiscalía decida qué hacer, ya que el Govern ha llevado el expediente sin una acusación concreta. Sostiene que es su obligación como funcionario público alertar de una anomalía detectada y del posible quebranto a la Administración de unos 10 millones de euros entre el pago de los pisos, el IVA y las obras de adecuación. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, y la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, anunciaron este jueves que la operación de compra no se cerrará.
El Govern asegura que en el expediente hay informes jurídicos que cuestionan la compra, básicamente el que habla de ese déficit de 5,8 millones. Para cerrar la operación, el Govern anterior necesitaba liquidez, por lo que se recurrió al remanente de Ports IB para que hiciera un préstamo de 16 millones al Ibavi. Hay un informe que avala esta cesión ya que dice que Ports queda con dinero suficiente para hacer frente a sus gastos. Faltaba el visto bueno del consejo de administración, pero podía haberse hecho a posteriori. La compraventa se encuentra suspendida cautelarmente por un juez debido a un recurso presentado por la empresa propietaria, Metrovacesa, que alega que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
La adquisición debía cerrarse el 5 de julio, con el Govern ya en funciones, pero las medidas cautelares del juez lo impidieron. El hecho de que el Ejecutivo estuviera en funciones cuando se iba a firmar la compra es otra de las anomalías que denuncia la consellera, que argumenta que falta un informe preceptivo específico que le dé validez. El expediente comenzó el 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones cuando el Govern aún no estaba en funciones. En la memoria, se menciona un informe de los servicios jurídicos de Mobilitat del 12 de junio que defiende que la compra en aplicación de la Ley del Govern «por razones de interés público».