La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha mostrado su «rechazo» a la transferencia de 16,7 millones de euros de la tesorería de Ports IB al Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) para la compra de un inmueble «no calificado como vivienda social a la empresa Metrovacesa». De esta manera se ha expresado la agrupación de entidades náuticas, reunidas este viernes en una asamblea ordinaria celebrada en las instalaciones del Club Nàutic Sant Antoni de Portmany, según ha indicado la asociación en un comunicado.
ACNB ha argumentado que de culminarse esta operación de compra «supondría la descapitalización de la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos» y, a su juicio, «comprometería las inversiones previstas en la mejora de las instalaciones náuticas de gestión directas, sufragadas con el dinero de los concesionarios». «Llama mucho la atención que un Govern en funciones, cuyos actos deberían limitarse a tramitar el traspaso de poderes, pretenda desviar una cantidad tan elevada de un ente público con el fin de adquirir un inmueble que, según reconoce el propio Ejecutivo, no reúne los requisitos para ser considerado como vivienda de protección oficial», ha apuntado.
Desde la asociación, no entran a calificar si «el edificio en cuestión es de lujo» por el «poco rigor» con el que algunas administraciones y políticos «utilizan este adjetivo para referirse a la náutica de recreo», pero ha considerado que el coste de 293.000 euros por cada piso «está muy lejos de lo que podría considerarse como una inversión social». Otro aspecto que han tildado de «alarmante» de esta «maniobra de última hora», es la «sorprendente» cancelación del Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears que «debía autorizar la descapitalización de la empresa». Según la asociación, esta reunión estaba prevista para este viernes y fue suspendida el pasado miércoles y «de momento no se ha dado ninguna explicación al respecto».
«La ACNB entiende que la transferencia de capital no puede llevarse a cabo sin ser sometida a votación en dicho órgano, por mucho que la compra del edificio haya sido autorizada por la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores», ha recriminado. En ese sentido, ha agregado que lo contrario supondría una «intromisión intolerable» y de «dudosa legalidad» en las funciones del máximo órgano de decisión de los puertos autonómicos. La agrupación de clubes ha manifestado que «en ningún caso» hace responsable de esta situación al equipo directivo de Ports IB, que «sin duda se ha visto abocado a protagonizar este episodio por la influencia política de otros departamentos ajenos a sus competencias». «Es evidente que los responsables de los puertos autonómicos no desean verse privados del dinero público que han recaudado de los concesionarios y usuarios de la náutica para poder hacer frente a sus gastos comunes y al mantenimiento de las instalaciones que gestionan», ha añadido.
Por otro lado, la asamblea general de la ACNB ha expresado su «confianza» en que el nuevo Gobierno de España surgido de las elecciones generales del 23 de julio, con independencia de su color, ahondará en «el reconocimiento legal de la función social que desarrollan los clubes náuticos ubicados en puertos de interés general, en línea con el acuerdo alcanzado en el último Congreso Nacional de Clubes Náuticos celebrado en La Palma». La ACBN ha asegurado que el organismo Puertos del Estado mostró en aquel encuentro su «disposición» a acompañar a los clubes en esta reivindicación, que consideró «justa en virtud de la aportación que realizan a la sociedad».
Del mismo modo, ha recalcado que la modificación parcial de la Ley de Puertos del Estado es la fórmula «más adecuada» para que los náuticos y marítimos de Palma, Maó, Ibiza y Portitxol, todos ellos «sometidos a una gran incertidumbre, puedan ampliar las concesiones portuarias que les permiten desarrollar su actividad deportiva y social».