La Fiscalía reclama una condena de dos años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública al responsable del restaurante Dragon Sushi de la calle Blanquerna por provocar el enorme brote de salmonela que, en el año 2019, terminó con más de un centenar de clientes afectados. Fue uno de los mayores registrados nunca en las Islas.
El juzgado de Instrucción 2 de Palma, encargado del caso ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral en una causa en la que también está personada la Abogacía de la Comunitat y varios de los clientes afectados. La calificación del Ministerio Público incluye, además del delito contra la salud pública, trece diferentes de lesiones por imprudencia por los daños más graves provocados a clientes. Además de las peticiones de prisión, reclama que se inhabilite en total durante ocho años al principal responsable del establecimiento para gestionar cualquier negocio relacionado con la restauración y el pago de multas de más de 30.000 euros. La acusación pública también plantea que las penas de prisión sean sustituidas por expulsión del territorio nacional en el caso de que rebasen el año.
Además del administrador, también está acusada la propia sociedad responsable del restaurante, que, en caso de condena debería abonar una sanción de 73.000 euros. El Ministerio Público incluye en su calificación a un total de 29 clientes del establecimiento que sufrieron daños como consecuencia del mal estado de la comida que se servía en el establecimiento. Pide que sean indemnizados por la aseguradora del local con cantidades que, en uno de los casos supera los mil euros por poco y que, en la mayoría se mueven en una horquilla entre los 300 y los 500 euros.
El brote de salmonela en el restaurante japonés fue detectado por las autoridades sanitarias en agosto de 2019. Durante dos meses se llegaron a acumular más de un centenar de afectados por distintas dolencias, de las cuales 43 lo fueron por salmonela. Es uno de los mayores y más prolongados que han ocurrido en las Islas en los últimos años. Además de las responsabilidades penales que derivan del caso, el establecimiento fue objeto de un expendiente sancionador por parte de la Consellería.
A raíz de aquel brote, la Conselleria de Sanitat detectó varias irregularidades en el establecimiento que permaneció durante dos meses con la actividad suspendida, entre septiembre y diciembre de 2019. La propiedad del local solventó todos aquellos problemas y, desde entonces permanece abierto al público sin que hayan ocurrido nuevos episodios. De hecho, es uno de los locales más concurridos de la calle y es frecuente verlo lleno.